La Organización de Estados Americanos nació en 1948, con el objeto (entre otros) de promover la democracia, afianzar la paz, la seguridad, prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de conflictos que surjan entre los Estados miembros, organizar la acción solidaria de estos en caso de agresión, procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos que se susciten y promover su desarrollo económico, social y cultural de los países de América Latina, incluyendo las islas del Caribe con 34 miembros activos en la actualidad en los que hay gobiernos que se denominan de izquierda, de centro y de derecha, lo que da una muestra de su diversidad y pluralidad en cuanto a ideología se refiere.
Todo lo cual se plasma en la Carta constitutiva de la misma, a la que posteriormente se añadió la Carta Democrática Interamericana en sesión especial de la Asamblea General de la OEA celebrada en Lima, Perú, el 11 de septiembre de 2001, instrumento cuyo objetivo principal es el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática, al establecer que la ruptura del orden democrático o su alteración, que afecte gravemente el orden democrático de un país miembro, constituye “un obstáculo insuperable” para la participación de su gobierno en las diversas instancias de la OEA.
Estos son los postulados y valores que sustentan la actuación de la OEA, en temas como los sucedidos en Nicaragua desde el momento en que se produjo el regreso de Daniel Ortega a la Presidencia en 2007, y sus sucesivas reelecciones en 2011, 2017 y 2021, las que mediante fraudes electorales cometidos en esas fechas han socavado y destruido la institucionalidad del país y por ende se han llevado por delante la democracia, con el irrespeto a los derechos humanos, la dignidad de las personas, la violación total de la Constitución, el encarcelamiento de cientos de personas por el solo hecho de disentir de los pensamientos de la dictadura y los más grave de todo ha sido las más de 350 muertes cometidas como crímenes de lesa humanidad en contra de una población desarmada e indefensa.
Si a esto se añaden los recientes acontecimientos cometidos con nocturnidad y alevosía contra el obispo de Matagalpa y administrador apostólico de Estelí, y sus acompañantes. Ellos estaban en la sede de la Curia Episcopal y fueron sacados de la misma en su condición de presos, sin orden judicial, a las tres de la madrugada y trasladados a Managua en calidad de detenidos. Al obispo Álvarez le han arrebatado su derecho a estar al lado de sus fieles y de los que no tienen voz y sufren los atropellos flagrantes de una tiranía cuyo único plan es perpetuarse en el poder, en beneficio propio y de sus adláteres y que constituye un ataque directo y frontal contra la Iglesia católica.
En vista de ello, parece ser que al obispo Álvarez, solo le quedan dos opciones, el destierro o la cárcel, después de montarle como han hecho con todos los presos políticos un juicio sin pruebas y sin el debido proceso. La Iglesia católica, con la Conferencia Episcopal a la cabeza, no puede en ningún caso tolerar tal atropello contra la misma y todos los que somos seguidores de las enseñanzas de Jesucristo, ya que eso significaría doblegar la cerviz ante los que pretenden suplantar la voz de la Iglesia.
Volvamos al inicio del artículo en el que planteo lo referido la total ineficacia del organismo multilateral de las Américas, y lo hago a la vista de los siguientes datos: la OEA, por medio de sus órganos, Asamblea General y Consejo Permanente, han sesionado, la primera 5 veces para tratar la situación de Nicaragua y el segundo 26 sesiones de las que han salido 9 resoluciones. De estas corresponden 3 a la Asamblea General, su máximo órgano y 6 al Consejo Permanente, y los votos han sido siempre arriba de 24 miembros, lo que significaba una mayoría suficiente para avalar sus resoluciones.
La mayoría de las resoluciones han condenado al régimen por socavar la democracia y alterar el orden constitucional, al haber roto todo ligamen con la legalidad contenida en nuestra carta magna y tirar por la calle de en medio a través de una justicia corrupta en que se integran la Policía, la Fiscalía y la mayoría de los juzgados de instrucción de juicio, que en vez de aplicar la ley, aplican los mandatos emanados del Carmen.
Todas las resoluciones de la OEA tanto de su AG como de su CP, han coincidido desde 2018 hasta 2022, en que las elecciones de 2021 fueron ilegítimas y que la ruta que debía seguirse era su anulación y repetición de las mismas para que fueran libres, justas y transparentes. Por lo tanto estamos ante un gobierno ilegítimo un “gobierno de facto” que no guarda los estándares internacionales establecidos en convenios y tratados de derecho internacional.
El gobierno de facto del país, para evitar su suspensión de conformidad con el artículo 20 de la Carta Democrática, intentó por medio de una carta de renuncia salirse de la OEA, sin tener en cuenta que aún en tal caso, sigue ligado a los deberes y derechos que imponen los Estatutos y la Carta Democrática Interamericana por un periodo de 2 años a partir de tal situación.
Pero la OEA en vez de aplicar el artículo 20, como sería normal en estos casos después de tantas sesiones de la AG y del CP que se han ido en puro bla, bla, siguen deshojando la margarita, no se sabe por qué, ya que si se dejan aparte las condenas con las pruebas en las manos que obran en poder de tales organismos de la OEA, de la alteración del orden democrático y la destrucción de la institucionalidad que es su corolario, Nicaragua no tendría acceso a las facilidades económicas y de otros órdenes que la membresía confiere. Por ejemplo a los préstamos del BID, Banco mundial, BCIE y otros organismos financieros internacionales que son los que ahora oxigenan a la dictadura de los Ortega-Murillo que tanto daño están haciendo a nuestro querido país.
La aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana culminaría el proceso y conduciría a la deslegitimación total de los tiranos que nos desgobiernan.
El autor es abogado.