Lista de reproducción
- Empresa china acumula más de 44 mil hectáreas para la exploración minera en Nicaragua
- Nuevo Código Procesal de Familia de Costa Rica facilita cobro de pensión alimenticia para menores con padres en Nicaragua
- Sheynnis Palacios disfruta los últimos días de su reinado compartiendo fotos familiares
- Trump elige a un «zar de la frontera» para su política de deportación de inmigrantes
“En El Tule hay presencia del Ejército y la Policía, en virtud de ir disminuyendo, siguen llevando más policías y del Ejército a las comarcas. Tal vez no estamos encarcelados pero seguimos siendo prisioneros”, afirmó Francisca Ramírez Torres, vicecoordinadora nacional del Consejo Nacional para la Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía Nacional.
Según Avilés, el comisionado le permitió sacar varios documentos del vehículo, pero luego se los quitó y le pidió la llave de la camioneta, bajo la promesa de entregarla luego, pero “no dio la cara, entonces yo decidí venir a Managua, porque además, del lado de mi finca hay cuatro muchachos a los que también les tienen sus motos. Ellos no pudieron venir porque están todos golpeados”, afirmó.[/doap_box][doap_box title=»Denuncia internacional» box_color=»#336699″ class=»aside-box»]El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) se comprometió a presentar en los primeros días de enero, un informe sobre la situación de represión que han vivido los campesinos a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, la presidenta del Cenidh, Vilma Núñez, demandó al Gobierno que “cese la represión, es represión mantener a las comunidades rodeadas de militares, ellos no son ningunos delincuentes”, afirmó.[/doap_box]
Junto a Ramírez estuvieron varios líderes de Nueva Guinea y Punta Gorda, en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) para denunciar que en El Tule, Río San Juan y en Nueva Guinea la presencia de la Policía y el Ejército ha ido incrementando desde el pasado 16 de diciembre, día que iniciaron los tranques organizados por campesinos de las zonas.
“Les pedimos que nos sigan ayudando porque en muchas comarcas como El Tule, los pobladores siguen siendo prisioneros de la Policía y el Ejército que permanece en el lugar, sentimos que seguimos siendo prisioneros los campesinos y todos los que seguimos en esta lucha”, dijo Ramírez a la presidenta del Cenidh, Vilma Núñez.
Núñez por su parte, ratificó el apoyo del Cenidh a los campesinos y aseguró que desde el inicio de la lucha “los campesinos están dispuestos a un diálogo abierto y transparente, no a una negociación, porque los derechos humanos no se negocian, se tienen que respetar por los Estados”.
Además de El Tule, en Río San Juan, hay presencia notable del Ejército y la Policía en las comarcas de Nueva Guinea y Punta Gorda.
EXIGEN DIÁLOGO Y DEROGACIÓN
Medardo Mairena, uno de los líderes de Punta Gorda, dijo que “está militarizada la zona, nuestros hijos están preocupados porque tienen miedo que nos pase la misma masacre que pasó en El Tule. Estamos viviendo zozobra y lo que estamos esperando es que el Gobierno tome cartas en el asunto y nos mire con seriedad”.
Mairena, afirmó que hasta ahora “no nos han podido entender el idioma de nosotros, porque en las marchas pacíficas y protestas que hemos hecho siempre hemos sido claros, qué es lo que exactamente estamos pidiendo, que nos deroguen la ley (Ley 840, del Canal Interoceánico) porque la consideramos lesiva a nuestros derechos”.
Mairena recordó que el pasado 28 de diciembre, esperaban la visita del vocero de la Comisión del Gran Canal, Telémaco Talavera, pero este “a última hora”, pospuso el encuentro, y como respuesta a ello, los campesinos de Puerto Príncipe realizaron una marcha y leyeron un pronunciamiento donde ratifican su solicitud de que se derogue la Ley 840.
Orlando Campos, de La Fonseca, Nueva Guinea, afirmó que después de la visita de Talavera a La Fonseca, “el Gobierno tiene que replantear las conversaciones que tiene que hacer con el Consejo Nacional (…) También planteamos que sirva la Iglesia católica como garante, si de verdad quieren buscar una salida a esta situación que hemos llegado por no entender a través de las protestas que el campesinado no está de acuerdo con salir de sus tierras”.
4 motocicletas y una camioneta son retenidas por la Policía de San Carlos, Río San Juan, desde el 24 de diciembre. Sus dueños no han recibido respuestas de las autoridades sobre cuándo les serán entregadas.
Ver en la versión impresa las páginas: 3 A
