Hacer negocios en el país se complica para las empresas porque a las trabas de la Aduana con las dudas de valor a las importaciones se sumó que la Dirección General de Ingresos (DGI) otorga las solvencias fiscales de forma discrecional.
José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), dijo que ambos problemas ponen manos arriba a los empresarios.
Aguerri denunció que muchas empresas se ven obligadas a ceder ante las presiones de la DGA y la DGI y pagar los tributos que se imponen y no lo que se les debe cobrar conforme las pólizas de importación y la declaración mensual de impuestos.
Quedás prácticamente sujeto a lo que dicen las autoridades y en varios casos a ser rehén de esas decisiones, aseguró el presidente del Cosep.
Ya la cúpula empresarial llevó a la Comisión de Seguimiento del Gobierno, que preside el asesor presidencial para asuntos económicos, Bayardo Arce, los serios problemas que causan la DGI y la DGA a fin de que se superen.
“Estamos recabando cuántas empresas e individuos están siendo afectados por las decisiones de la Aduana. (…) No podemos afectar el turismo de pesca más cuando lo estamos impulsando”. Sylvia Ramírez de Levy, presidenta de Canatur.
Lo expuesto por el empresariado es que en el caso de Ingreso no se respeta el proceso automatizado de la Ventanilla Electrónica Tributaria (VET), sino que por interpretación se bloquea a las empresas en el sistema y no les extiende la solvencia fiscal.
La DGI está decidiendo a quién le da solvencia y a quién no… y en el caso de la Dirección General de Aduanas lo que le hemos dicho al Gobierno es que ahora todo entra con dudas de valor. Eso lo que hace es ponerte manos arriba (como empresario) , afirmó Aguerri.
PAGAN IMPUESTOS DE MÁS PARA SEGUIR OPERANDO
La solvencia fiscal es el documento que reconoce al contribuyente no deberle impuestos al Gobierno. Aguerri afirmó que sin ese documento las empresas no pueden participar en los procesos de licitación de las obras públicas, no podés importar, no podés prácticamente operar.
Si bien Aguerri dijo que no se afecta al ciento por ciento de las empresas del país, pero las que lo sufren significa que si quieren obtener la solvencia fiscal tienen que pagar lo que quiere la DGI o si quieren tener su importación (de mercadería) en sus almacenes o tiendas igual tienen que pagar lo que dice la DGA.
“Como Cámara de Comercio y Cosep vamos a insistir al Gobierno (que) resuelva el problema con la Aduana, estas trabas no pueden seguir, se debe dejar trabajar a las empresas”. Rosendo Mayorga, presidente de la Cámara de Comercio.
Los cobros excesivos de tributos la Aduana los provoca al someter a duda de valor la póliza de importación de un embarque presentada por la casa comercial o una industria. Con esta práctica, considerada abusiva por el sector privado, la Aduana recaudaría más impuestos, pero arriesga la sobrevivencia del comercio.
Aguerri dijo que la situación es compleja porque si las compañías no pagan los impuestos que cobra la DGA, igual los costos se le elevan al tener que pagar el tiempo que la mercadería permanezca retenida en un almacén fiscal y otros gastos administrativos.
Todo ello afirmó compromete al desarrollo de las empresas (porque) se nos están encareciendo las importaciones.
A más tardar la próxima semana Cosep espera reunirse con los directores de Ingresos y de Aduanas a quienes exigirá que dejen de aplicarse por interpretación las dudas de valor de las importaciones y las solvencias fiscales.
Durante dos horas varios propietarios y distribuidores de yates y barcos con fines turísticos expusieron ayer los problemas que enfrentan con la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) a los presidentes de la Cámara de Turismo y de Comercio. La Aduana no reconoce las licencias de navegación emitidas por la Dirección General de Transporte Acuático del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), con el fin de que paguen impuestos a pesar de estar exonerados.
Sylvia Ramírez de Levy, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua (Canatur), y Rosendo Mayorga, de la Cámara de Comercio, pidieron a los afectados que les proporcionen las pruebas documentales del problema para buscar solución con el Gobierno. Ramírez de Levy considera que la DGA afecta el turismo acuático como los torneos de pesca que estamos impulsando y dejan muchas divisas al país. Se afecta a las empresas y también a los dueños particulares de yates quienes exploran si es viable hacer ese tipo de turismo en el país, afirmó.
(Colaboración de Marcos Medina).
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