La ubicación en que aparece Nicaragua, según el Índice de Paz Global (IPG) 2015, hace que aparezca poco atractiva a los inversionistas en relación con otros países de Centroamérica mejor posicionados, aseguran representantes de organizaciones nacionales abordados por LA PRENSA.
Un desplome de 16 lugares al pasar del puesto 58 al 74 de los 162 que aparecen en el informe es muy significativo, dice el diputado del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), Enrique Sáenz, quien es abogado y economista.
El informe publicado el miércoles indica que los delitos violentos y la violencia política fueron los principales indicadores en el caso de Nicaragua. Y para Sáenz es un indicativo que, más allá de la propaganda del régimen, la gente vive otra realidad.
Incluso las mismas encuestas que se muestran amables con el Gobierno revelan una tendencia al deterioro en la percepción de inseguridad, que coincide con la tendencia al deterioro que registra el Índice de Paz Global.
Sáenz recordó una serie de hechos violentos ocurridos en el país, entre ellos la masacre perpetrada el 19 de julio en contra de la caravana de simpatizantes del Frente Sandinista, el bombazo de Pantasma y la represión en contra de los campesinos de El Tule. Además señala Sáenz, como factor asociado, el deterioro de las condiciones económicas y sociales de la población en el país, que aumenta la propensión a la comisión de delitos violentos, principalmente en contra de la propiedad.
Por su parte, el presidente de Hagamos Democracia, Róger Arteaga, precisó el caso de OcupaINSS, que a dos años no hay ni un preso (…), esa impunidad no ayuda a Nicaragua. El hecho de que el mundo se dé cuenta de que apalean a la gente o que a un empresario a pura pistola le quitan su negocio, lo desbaratan, la Ley no se cumple; eso no es ignorado.
En clara alusión a la reciente expropiación de la propiedad del empresario Milton Arcia, en Moyogalpa, isla de Ometepe.
Arteaga recordó que todo empresario busca países donde se sientan más seguros y sobre todo que haya seguridad jurídica. Esto porque lo que traen es dinero y no hay nada más temeroso que un millón de dólares, sostuvo Arteaga.
El secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), Álvaro Leiva Sánchez, indicó que el informe refleja que el Estado nicaragüense debe trabajar en una política pública de seguridad ciudadana.
Las actuaciones del Gobierno todavía no llenan las expectativas internacionales, como para decir que gozamos de una paz social y jurídica estable, expuso Leiva.
Recordó que la situación de derechos humanos está vinculada a la paz social. Pero en Nicaragua estos aspectos se desmejoran cada día, pues el Gobierno promueve una violencia social y jurídica en perjuicio de los derechos humanos de los nicaragüenses.
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