La Corte Suprema de Justicia (CSJ) mandó a la Asamblea Nacional una iniciativa de reforma a los aranceles que se pagan en los registros públicos del país, que implica disminuir los cobros por la inscripción de habilitaciones de bienes o propiedades con el objetivo de adquirir una hipoteca, explicó la magistrada presidenta Alba Luz Ramos.
La magistrada Ramos manifestó que disminuir estos cobros es una solicitud del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), para que a la hora de cancelar las hipotecas no haya “cobros dobles” a los empresarios o productores.
Los empresarios o productores tienen que pagar una habilitación para que sus bienes o propiedades puedan ser dados en hipoteca a los bancos. “Cuando reciben las habilitaciones de cobro por la inscripción de las hipotecas y después por la cancelación, entonces buscamos disminuir esos costos”, explicó la magistrada Ramos vía telefónica a LA PRENSA.
ACTUALIZAR ARANCELES
Ramos comentó que los aranceles se actualizan cada dos, tres o cuatro años, debido a la devaluación de la moneda, lo cual también es uno de los objetivos de la reforma.
El Sistema Nacional de Registros es un órgano adscrito administrativamente a la CSJ y tiene la función de garantizar a la población la seguridad y certeza jurídica en las transacciones inmobiliarias, mercantiles y prendarias que promueven el desarrollo económico y la inversión que facilitan el clima de negocios en el país.
El director general de Asuntos Legislativos de la Asamblea Nacional, Pablo Ferrey, confirmó el recibido de la nueva reforma en su oficina.
“Básicamente la reforma (a los aranceles registrales) está movida por el hecho de favorecer a los productores, disminuyendo los costos arancelarios, para que no paguen tanto por la inscripción y cancelación de las habilitaciones”. Alba Luz Ramos, magistrada presidenta de la CSJ.
AÚN NO PASA A COMISIÓN
Esta nueva reforma entró a la primera secretaría de la Asamblea Nacional el miércoles 17 de junio. Tiene que ser enviada a comisión por la Junta Directiva del legislativo, donde los diputados se encargarán de evaluarla y consultarla con las partas correspondientes.
“La Corte Suprema de Justicia tiene derecho a presentar iniciativas de su competencia y entonces la Asamblea la tiene que revisar”, explicó Pablo Ferrey.
El arancel registral se tasará con base a la valoración suscrita en los actos y contratos que se presenten en la oficina registral para su debida inscripción, explica la iniciativa de ley que mandó el poder judicial a la Asamblea sobre los aranceles en los registros públicos del país. En el caso de los bienes inmuebles, se tasará de acuerdo con el avalúo fiscal o el valor suscrito por las partes si este fuere de mayor valor.
El importe de los derechos de inscripción de documentos, solicitudes de certificaciones u otras operaciones que se realicen en los Registros Públicos integrados en el Sinare, se pagarán conforme orden de pago.
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