El esqueleto de la Ordenanza Municipal de Daños y Multas Ambientales en Managua era fuerte, pero las herramientas para ejecutarla le quedaron flojas, es por eso que a dos años de la aprobación de este instrumento uno de los temas más sensibles —el de la basura— sigue presente en la ciudad por la falta de fiscales ambientales que vigilen y apliquen las sanciones contenidas en la ordenanza, con la que la comuna prometía tratar con “mano dura” a quienes contaminaran la capital. “Sea rico o pobre, nadie se salvará de la multa”, aseveró en esa época la alcaldesa Daysi Torres.
En el documento incluso se estipularon multas de 5,000 a 50,000 córdobas a quienes construyeran “obras civiles en la parte alta y media de la cuenca sur del territorio del municipio de Managua sin autorización ambiental, que afecte el curso natural de las aguas superficiales y la estabilidad de los suelos, poniendo en riesgo la salud y seguridad de la población”.
Un asunto que fue arrastrado a la discusión pública a partir de las recientes inundaciones que pusieron en jaque a las autoridades municipales que debieron lidiar con una ciudad ahogada y expuesta en su vulnerabilidad.
“Vivir Limpio…”
En 2013 la ordenanza sería una de las vértebras de la promocionada campaña gubernamental “Vivir Limpio, Vivir Sano, Vivir Bonito, Vivir Bien”, por lo que recién aprobada, fue aplicada rigurosamente.
Su objeto era “normar, controlar y sancionar, todas aquellas conductas de las personas que generen cualquier tipo de contaminación ambiental, causando deterioro al ornato, la higiene y salud de la población en el municipio de Managua”, reza el escrito.
Hubo un boom de limpieza. De inspecciones. De multas. Se creyó que nadie quedaría exento de las sanciones y que por fin Managua dejaría de ser la novia “sucia” del Xolotlán, pero después de la efervescencia mucho de lo que se había enderezado volvió a la normalidad.
“Empezó bien, empezó firme con el hecho de que se estaba ordenando un poco el descontrol que había con las construcciones, la basura, el derrame de sustancias tóxicas en diferentes barrios y un montón de irregularidades que habían en el municipio”, asegura el concejal Omar Lola.
Según él, hay aspectos en los que la ordenanza ha permanecido efectiva; sin embargo, su punto débil es la sanción a los pobladores que dejan basura regada por toda la ciudad.
En el documento se había establecido que estaría penado “botar animales muertos en áreas públicas, predios baldíos, cauces, lagos, lagunas y en el sistema de drenaje pluvial”. Que serían penados quienes tiraran desperdicios sólidos o líquidos en lugares no autorizados. Quienes no limpiaran los predios baldíos o que quemaran basura en calles, cauces, aceras… en fin. Las sanciones eran claras, pero el personal para vigilar su cumplimiento no era el necesario.
Según Lola, la Alcaldía en el presupuesto debió depurar lo innecesario y ahorrar para contratar más inspectores ambientales “para tener un mejor resguardo y presencia en las calles de Managua y aplicar verdaderamente las multas por contaminación”, dice.
Según sus cálculos, el número de personas destinadas a esta labor es raquítico. En la ordenanza, las Delegaciones Distritales eran las designadas para esta misión.
Población ignora advertencias
En la Colonia Máximo Jerez, por ejemplo, se retiraron un par de rótulos que informaban las penas que serían aplicadas a aquellos que botaran basura en la zona. En ellos la Alcaldía de Managua amenazaba con aplicar multas desde 500 hasta 5,000 córdobas.
Al principio los pobladores ignoraban la advertencia y ponían bolsas, cajas e incluso animales muertos al pie de la señal. Después, a diferencia de los desperdicios que continúan dispersos por el lugar, los carteles amarillos desaparecieron.
“Lo interesante de esta ordenanza era mantener limpia la ciudad, demostrarle a la gente que había una ordenanza, una ley y que ya sabías que si infringías esa ordenanza vos tenías que pagar una multa (…), pero yo creo que las autoridades edilicias se han olvidado que Managua necesita mano dura en tener un verdadero control y ejecución de esa ordenanza”, asegura Lola.
Hoy los casos más comunes de penas son las aplicadas a las empresas constructoras.
“El martes pasado la bancada sandinista aprobó una multa por más de tres millones de córdobas a una urbanizadora por la construcción de cuatrocientos y pico de casas que las fueron a parar hasta que ya estaba construido”, cuenta el concejal. Hay unas sanciones que son apeladas, otras pagadas; no obstante Lola asegura que hasta la fecha se desconocen las cifras oficiales del total recaudado por multas.
Contaminación por ruido
En la Ordenanza Municipal de Daños y Multas Ambientales en Managua se estipularon multas desde 2,000 hasta 35,000 córdobas para aquellos que perturbaran con ruido “la tranquilidad y descanso diurno y nocturno de los ciudadanos”.
En este aspecto sí ha habido regulación, admite el concejal Omar Lola.
“Hemos tenido tres casos grandes. Los tres han sido iglesias evangélicas que sobrepasan los niveles establecidos por la Organización Mundial de la Salud, OMS (que recomienda como límite tolerable 65 decibelios durante el día y 55 por la noche). Ha habido también el caso de dos discos reconocidas en Managua”, asegura.
La contaminación visual por rótulos, mantas y anuncios también era contemplada brevemente en este instrumento que remitía al lector al Reglamento de Rótulos del Municipio de Managua.
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