Todo apunta a que las regulaciones a las empresas urbanizadoras serán reforzadas y supervisadas por el Estado, ante las decenas de viviendas dañadas parcial o totalmente en residenciales en las últimas inundaciones en la capital.
A nivel de Gobierno central se tomarán decisiones al respecto con base en los análisis finales de acciones que deben implementarse en Managua, adelantó ayer el asesor presidencial para asuntos económicos, Bayardo Arce Castaño.
“Como Estado lo que debemos revisar son nuestras regulaciones y ser estrictos con ellas”, afirmó Arce.
Entre las recomendaciones que Arce propondrá al presidente inconstitucional Daniel Ortega, cuando se discuta el tema, es que todas las entidades estatales involucradas en otorgar los permisos para la construcción de proyectos habitacionales modernicen sus normas.
“Lo que tenemos que hacer es que el Invur (Instituto de la Vivienda Urbana y Rural), las alcaldías y el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) revisen las normas vigentes y las ajusten para estar en mayor capacidad preventiva de este tipo de eventos de la naturaleza”, dijo el asesor presidencial.
Los últimos tres años unas diez urbanizaciones en los municipios de Managua, Ticuantepe, Nindirí y Ciudad Sandino han sido inundadas por las lluvias en la época de invierno, responsabilizando los habitantes a los urbanizadores por vender viviendas construidas en zonas vulnerables cercanas a cauces y presas.
Ciudad San Sebastián, en el Distrito V de Managua, fue una de las urbanizaciones más afectadas por las lluvias de principios de junio pasado, donde más de cincuenta viviendas fueron dañadas o destruidas y muchos de sus propietarios perdieron sus enseres.
Arce dijo que la explicación que el presidente de la Cámara de Urbanizadores (Cadur), Ricardo Meléndez, le dio sobre Ciudad San Sebastián es que “cuando se aprobó ese reparto se le obligó hacer una micropresa precisamente de retención arriba de la construcción”.
Esa micropresa costó casi 250,000 dólares, “pero parece que quedó muy pequeña para el volumen de agua, que en determinado momento baja ahí”, refirió Arce.
Para el funcionario, la revisión de las normas debe incluir a la Ley de Bancos y Otras Instituciones Financieras y la de Seguros y Reaseguros para determinar si los seguros de las viviendas, que exige la banca al extender un crédito hipotecario, tienen suficiente cobertura ante daños por siniestros como las inundaciones. “Si ahí no existiera el seguro por accidentes por eventos de la naturaleza, pues habría que crearlos, porque somos de los países más vulnerables”, afirmó.
Las aseguradoras han explicado en anteriores ocasiones que los seguros a las viviendas cubren daños al inmueble en caso de incendio, rayo y explosión, extensión de cobertura, inundación, terremoto, robo en caso de catástrofes naturales, tumultos populares, accidentes personales del núcleo familiar y remoción de escombros.
ALTOS DAÑOS ECONÓMICOS
Mientras tanto, el Concejo Municipal de Managua aprobó ayer la segunda modificación del presupuesto 2015 para sustentar los 274 proyectos que se ejecutan luego de las intensas lluvias de junio.
Según el dictamen que presentó la comisión de Finanzas, Presupuesto e Infraestructura de la comuna, los fondos aprobados pasan de 4,255 millones de córdobas a 4,469 millones de córdobas.
PARA OBRAS Y VIVIENDAS
Del incremento de presupuesto aprobado ayer por la Alcaldía de Managua, 110 millones de córdobas corresponden a obras de protección y mitigación en la capital para evitar que se agudice el problema en barrios y asentamientos debido a que la época lluviosa apenas inicia. Este incremento del presupuesto municipal también contempla la construcción de 352 viviendas en Ciudad Belén, para personas damnificadas por los desastres naturales.
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