La oficial de apellido Arana, denunciada de haber quemado con un “ácido” al joven Natanael Bustillo Flores, mientras estuvo detenido en celdas de la delegación policial en San Carlos, Río San Juan, continúa laborando normalmente, denunció el secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona.
Carmona espera que después de la denuncia ante Asuntos Internos las autoridades inicien las investigaciones correspondientes. La CPDH dará prioridad al caso, dijo.
“Estamos sumamente alarmados porque nos estamos dando cuenta que en zonas más remotas se cometen barbaries, se cometen abusos, se ultraja a la población”, indicó Carmona, quien refirió que solo en Madriz investigan unas cinco denuncias contra oficiales.
Por su parte, el director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, recordó que ya existen antecedentes de casos de tortura por parte de oficiales de la Policía, como fue el ocurrido en 2007 en Nueva Guinea, contra miembros de la familia Artola Delgadillo, caso que fue llevado por ese organismo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante la falta de justicia en Nicaragua.
Para Carmona haber lanzado cualquier tipo de químico a un detenido como es denunciado en este caso, “es una barbarie, acto cruel e inhumano (…) eso se escuchaba en testimonios de gente de los gobiernos dictatoriales”.
Según Carmona, este tipo de casos ocurren porque algunos oficiales “se envalentonan porque a lo mejor tienen una afinidad política o pertenecen a un partido político”.
Es un delito
Gonzalo Carrión recordó que la tortura está proscrita casi en todo el mundo e implica un daño gravísimo a la integridad de la persona.
La tortura está prohibida y es un delito de carácter internacional, dijo Carrión quien recordó que en Nicaragua está prohibida no solo por instrumentos de derechos humanos sino prohibida por la Constitución, lo que no indica que se ha dejado de torturar.
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