Los generales acusados de la represión militar contra la población guatemalteca durante la época del conflicto armado parecen estar en un letargo permanente y utilizan la demencia como una excusa perfecta para no enfrentar a la Justicia por el delito de genocidio.
Los militares retirados, entre ellos los exjefes de Estado de facto José Efraín Ríos Montt (1982-1983) y Oscar Humberto Mejía Víctores (1983-1986), parecen haber olvidado cuando, con un tono de voz fuerte y enfundados en su uniforme caqui (beige) o verde olivo, dirigieron a las milicias de su país en plena guerra interna (1960-1996).
Una de las pruebas que evidencian este extremo es el peritaje psiquiátrico del estatal Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) realizado a Ríos Montt, de 88 años, quien está acusado de la muerte de 1,771 indígenas ixiles.
“No se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales”, asegura el escrito hecho público la pasada semana, y agrega que “no es capaz” de entender un proceso judicial y “no es competente” para asistir ni atender audiencias judiciales.
El juicio contra Ríos Montt está programado para el próximo 23 de julio y es ahí cuando se verá si la magistrada titular toma o no en cuenta este informe, que podría alejar al general de los corredores de la Justicia.
Pero este no el único caso que chirría en la memoria de la sociedad guatemalteca al recordar si los presuntos culpables de esas masacres humanas pagaron o no por sus hechos.
En enero del 2012, la Justicia suspendió la persecución penal por genocidio contra Mejía Víctores, luego de que un peritaje, otra vez del Inacif, estableciera que padecía de trastorno mental orgánico por un evento vascular cerebral, limitación e imposibilidad de comprensión para enfrentar un juicio.
Solo un año después, en el 2013, el Inacif también dijo que el general retirado Héctor Mario López Fuentes, exjefe del Estado Mayor de la Defensa, tampoco podía enfrentar un juicio por problemas físicos, psicológicos y emocionales.
No obstante, en esta ocasión los tribunales aún no decidieron suspender su persecución penal.
Estos dos generales retirados están acusados por la justicia de participar en matanzas perpetradas por el Ejército durante la guerra interna que dejó más de 250,000 víctimas, entre muertos y desaparecidos.
El 27 de mayo de 2006 murió en el exilio en Venezuela el expresidente Fernando Romero Lucas García, quien fue derrocado el 23 de marzo de 1982 durante un golpe militar que llevó al poder a Ríos Montt.
El expresidente falleció sin ser juzgado por la represión militar que existió durante su régimen, que inició en 1978.
Lucas, quien estaba implicado en el incendio de la embajada de España en Guatemala el 31 de enero de 1980, en el que murieron 37 personas, falleció a los 82 años y, según su familia, padecía de diabetes desde hacía más de 25 años, una infección urinaria crónica, atrofia cerebral generalizada y la enfermedad de Alzheimer desde 1991.
Sin embargo, la senilidad que se les atribuye a estos ancianos militares retirados para evadir al sistema judicial no es compartida por organismos de derechos humanos y juristas que respaldan a las víctimas y familiares del genocidio.
El abogado Edgar Pérez, de la Asociación Justicia y Reconciliación (AJR), dijo a Acan-Efe que “no puede ser que en los últimos seis meses Ríos Montt haya perdido sus facultades” y recordó que en el 2013, cuando se celebró el primer juicio en el que resultó condenado a 80 años de prisión, aseguró, con tono firme y locuaz, que estaba en plenas facultades físicas y mentales.
Por su parte, el director del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (Caldh), Francisco Soto, comentó a Acan-Efe que utilizar la pérdida de la memoria para no ser juzgados no es un hecho nuevo en América Latina.
“Dictadores de Chile, Argentina y la ex Yugoslavia han utilizado este argumento para no enfrentar a la justicia” y en el caso de Guatemala el sistema prevé este tipo de situaciones, pero “los hechos delictivos no pueden quedar impunes aunque sea cierto que las personas tengan daños mentales”, refirió.
Soto, quien participó en el primer juicio contra Ríos Montt, aseveró que existe la posibilidad real de que el exdictador tenga quebrantos de salud por su edad, pero aclara que ese extremo también se tiene que contrastar con un grupo de médicos expertos ajenos al Inacif.
El activista humanitario Mario Polanco, director del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), que aglutina a familias de víctimas del conflicto armado, manifestó a Acan-Efe que “nosotros siempre hemos tenido dudas muchas veces sobre la veracidad de los informes forenses”.
No obstante, considera que en el caso de Ríos Montt puede ser que el Inacif tenga razón.
Seniles o no, en Guatemala la burla para las víctimas de las dictaduras militares ha sido de todo el sistema de Justicia, que ha tardado décadas en juzgar a los responsables de las masacres de la población civil, aseguró Soto.
