Los últimos dos hechos ocurridos en el país con consecuencias graves en los que se han visto involucrados miembros de la Policía Nacional, dejan al descubierto la descomposición existente en esa institución, según analizan especialistas.
La psicóloga Lorna Norori señala por ejemplo que la masacre del 11 de julio, en Las Jagüitas, terminó por ser “un símbolo de desautorización total de la Policía como cuerpo”.
Norori añadió: “Lo más duro de esto es que la Policía tiene una condición de descomposición total”.
Al igual que Norori, el ex viceministro de Gobernación, José Pallais, ve a la Policía “totalmente descompuesta, en una crisis profunda de la cual es difícil salir. Pero que es una crisis que fue buscada por los propios mandos”.
El caso de dos jóvenes heridos en Nueva Jerusalén indica que esta situación continuará, advierten Norori y Pallais.
“Hoy ha habido un cambio tan drástico donde podemos decir (que) la población le tiene miedo a la Policía, nadie siente que la Policía esté protegiendo”.
Lorna Norori, psicóloga, coordinadora del Movimiento Contra el Abuso Sexual.
Ambos casos demuestran que hay una situación “imparable”, por la pérdida de valores en la Policía, después que abandonaron el camino de la profesionalización y respeto a la Constitución y a las leyes del país, en busca de beneficios políticos para el presidente inconstitucional, Daniel Ortega, señaló Pallais.
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“Primero hubo excesos con motivaciones políticas que no se investigaron, no se sancionaron, eso abre la puerta para las descomposición total”, dijo Pallais, quien consideró que “la mala actuación en el área política (de los policías) los llevó a creer y tener como norma que el abuso policial, el abuso de poder, no es éticamente reprobable, sino que es beneficioso para la Policía y si hay obediencia ciega a Ortega, esto no tiene consecuencias para el que comete abuso de autoridad” .
La actuación policial en ambos sucesos (Las Jagüitas y Nueva Jerusalén) ha dejado un impacto negativo entre la población, considera la socióloga Martha Munguía.
“Esa descomposición es producto de intentar convertir a la Policía Nacional en una herramienta de apoyo de (Daniel) Ortega y abandonar el camino de la profesionalización”.
José Pallais, ex viceministro de Gobernación.
“Aquí ya se perdió la institucionalidad, ya el Estado no es garante de los derechos de la ciudadanía, eso nos coloca en una situación sumamente peligrosa”, refirió Munguía.
directora de Centros Acción Ya.
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La actuación de la Policía se ha vuelto un tema “infaltable” entre los grupos, apuntó Munguía, directora de los centros de atención a mujeres violentadas Acción Ya. Y menciona que en encuentros con mujeres estas dicen que hay “mucha desconfianza” cuando acuden a denunciar en delegaciones policiales.
Por eso Pallais aconsejó la recuperación de la autoridad, la que “tendría que estar basada no en la represión, no en la violencia, sino buscar de nuevo la confianza de la población, poniendo fin a la impunidad, aplicando la justicia, mediante el sometimiento a las leyes”.
La población se siente vulnerable frente a la pérdida de la institucionalidad de la Policía porque ha sido una institución necesaria para garantizar tu seguridad”.
Martha Munguía, socióloga y directora de Centros Acción Ya.
Munguía, hermana del primer comisionado in memóriam Christian Munguía, asesinado hace 13 años en circunstancias no del todo claras, estimó que lo peor es el rol que ha jugado la jefa de facto de la Policía, primera comisionada Aminta Granera, “en un papel donde ofrece una justicia que ella sabe que es inexistente”.
Munguía critica que Granera en vez de llevar a la Policía por el cauce normal, el cauce jurídico legal, que es el sistema de Nicaragua, “ella llega, pide disculpas, llora; es un papel completamente fuera del rol de una directora de una institución, como es la Policía”.
Norori, por su parte, criticó que Granera y los policías hayan llegado al funeral de las tres víctimas de Las Jagüitas con sus uniformes, por lo que “el mensaje que dio fue de irrespeto”. Y se pregunta Norori si ahora el trabajo de Granera será “de andar de hospital en hospital o de lugar en lugar, disculpándose con la población”, lo cual dice, ya no cabe.
APELAN SENTENCIA
Por las balas policiales murieron en Las Jagüitas: Katherine Ramírez Delgadillo (22), Aura Marina Reyes Ramírez (11) y José Efraín Pérez Ramírez (11). Y resultaron lesionados: Miriam Natasha Guzmán Ramírez (5), aún hospitalizada y Axel Reyes (12).
Los nueve policías procesados por esa causa recibieron penas que van de dos a 11 años al calificar la juez los delitos como imprudentes con la sentencia emitida el pasado 30 de julio. La sentencia emitida por la juez Cuarto Local Penal, Alia Dominga Ampié, fue apelada ayer por el abogado particular Carlos Alemán.
Alemán alega que la judicial ignoró la solicitud de declararse incompetente de conocer la causa. Alemán dijo que demostraría que no existía tal imprudencia como acusó la Fiscalía.
La apelación señala también lo contradictorio de la sentencia, al referir, por ejemplo, que el procesado Zacarías Salgado, poseía una posición de garante como jefe del grupo policial y que usó esa posición para cometer abuso, pues no dio la orden de cese al fuego. Esos hechos no son propios de la imprudencia, dijo Alemán.
(Colaboración Leonor Álvarez).
EN DEFENSA DE LA POLICÍA
La diputada sandinista y presidenta interina de la Asamblea Nacional, Iris Montenegro, defendió a la Policía Nacional diciendo que “no es justo ni correcto dañar” a toda una institución por “un error”, en alusión a la masacre policial.
“La Policía ha jugado un rol desde hace mucho tiempo y lo va a seguir jugando ese rol determinante para garantizar la seguridad del pueblo de Nicaragua”, dijo Montenegro.
La Junta Directiva de la Asamblea Nacional, controlada por los diputados del partido gobernante, no admitió la propuesta de los diputados de la bancada Alianza del Partido Liberal Independiente (Bapli), de interpelar a la jefa de facto de la Policía, Aminta Granera.
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