20 de enero de 2015. Un grupo de hombres de uniformes variopintos, piezas verde olivo y camufle con ropas civiles, liderados por un tal Víctor Manuel Serrano, alias “El Sereno”, estaban entablando contacto con personas desconocidas que les prometieron armas y alimentos para sostener una guerra de guerrillas contra el gobierno del presidente Daniel Ortega Saavedra.
Según el testimonio de algunos campesinos de la zona, un hombre al que solo conocían por el apodo de “Café Negro”, un día se apareció con dos mochilas supuestamente llenas de comida, pertrechos y otras cosas que servirían a los alzados para sobrevivir en la montaña unos días.
Cuando los dos hombres dejaron las mochilas y se fueron del lugar, una explosión sacudió la zona donde se escondían los rearmados, volando por los aires los restos de algunos de ellos; más tarde se conocería que el pie de uno de los muertos se había encontrado hasta 250 metros del lugar de la explosión, lo que daba una idea de la magnitud de la misma.
Con ese bombazo murió “Sereno” y otros hombres. Todos campesinos. La Policía Nacional y el Ejército rechazaron ser los autores del hecho y anunciaron una investigación que hoy nadie sabe sobre su rumbo.
Otros hombres, que antes habían hecho públicos sus críticas al gobierno de Ortega, han muerto de igual forma que “Sereno”.
Así le pasó a Santos Guadalupe Joyas, alias Pablo Negro. A este hombre quien también dijo un día estar en contra del Gobierno, se le encontró con un balazo en la cabeza y otro en el pecho.
Su cadáver apareció en la frontera con Honduras, en un lugar conocido como La Barranca. Las imágenes de los medios mostrarían más tarde su cadáver en un hoyo y sus familiares denunciarían que tenía señas de tortura.
También fue señalado por el Ejército como miembro de un grupo delincuencial y jamás se le dio el reconocimiento de rearmado, como él se autodenominada.
Roberto Petray, ahora magistrado del Tribunal de Apelaciones de Estelí, y quien estuvo investigando sobre el surgimiento de los grupos rearmados en las montañas del norte del país, ha dicho que de 17 líderes de grupos armados que él ha registrado, 13 han sido aniquilado y cuatro más que se encuentran detenidos.
“No hay grupos armados en este país. Esto de los grupos yo ya en múltiples oportunidades lo he dicho, yo no sé por qué insistir en esto”. Julio César Avilés, jefe del Ejército de Nicaragua.
Según el funcionario judicial, algunos de los rearmados primero fueron acusados por el Ejército o la Policía de estar involucrados en actividades ilícitas como el abigeato, narcotráfico, extorsión y secuestro de personas.
En el campo, dice Petray, la gente comenta otras cosas: “Puedo dar fe de que muchos de ellos realmente son alzados en armas contra el Gobierno que están descontentos con las políticas de Daniel Ortega y buscan su derrocamiento”.
Petray era parte de la Asociación Nicaragüense pro Derechos Humanos y asegura mientras estuvo en esa organización, tuvo información de organizaciones de hasta 30 personas que pertenecen a estos grupos armados que principalmente se concentran en el norte del país, pero que también tienen presencia en Siuna y las Regiones Autónomas del Caribe Norte y Sur.
“Es cierto que hay bandas delictivas, pero ellos (los rearmados), no han estado involucrados en actos delictivos (comunes). Aquí el que se levanta en armas inmediatamente es un narcotraficante, contrabandista o que está en el crimen organizado y otras cosas que les dicen. Luego los mandan a matar”, dice Petray.
La misma preocupación que Petray comparten otros organismos de derechos humanos.
“Estamos preocupados porque cuando salen personas a luz pública y manifiestan que van a tomar las armas por la desconfianza al Gobierno, nos preocupa porque es como que se estén dando su propia sentencia de muerte”. Así ve actualmente la situación de los rearmados, el director de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Marcos Carmona.
Para él, el Ejército actualmente hace con los enemigos políticos del régimen lo mismo hacía la Guardia Nacional de Somoza contra los guerrilleros sandinistas de aquella época.
“Somoza también decía que eran grupos delincuenciales y al final eran grupos que estaban tratando de reestablecer la democracia, el estado de derecho y la reincorporación de la República. Este es un cuento que hemos venido escuchando desde los tiempos de Somoza, por eso es importante que la Policía y el Ejército den la cara y que digan la verdad, si son grupos armados, que lo digan con nombre y apellido”, reclama Carmona.
Dora María Téllez, excomandante guerrillera que combatió a la Guardia Nacional, cree que si existen los grupos armados con fines políticos.
Para ella, asegura, es difícil establecer una comparación entre lo que ocurre actualmente con los grupos rearmados que surgen en el país y lo que sucedía entre la Guardia Nacional de Somoza “que cazaba guerrilleros en las montañas y la ciudad”.
Para Téllez, lo llamativo de la situación actual es que tanto la Policía como el Ejército dan poca o nada de información sobre lo que ocurre con estos grupos, a quienes se limitan de involucrar en actividades delictivas, pero sin presentar prueba alguna de sus acusaciones.
“En todo caso, da la impresión que se trata de ejecuciones extrajudiciales”, indica Téllez, haciendo referencias a los abundantes informes y testimonios recopilados por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos desde 2007 a la fecha, donde se evidencian acciones militares de exterminio a personas sospechosas de estar en contra del gobierno.
“La gran preocupación de nosotros es que en el trajín que hemos andado, nos hemos encontrado con bandas de narcotraficantes de verdad. Y de los que andan operando lícitamente, fuera de estos grupos, quedan
cinco líderes de rearmados libres todavía”. Roberto Petray, Magistrado del Tribunal de Apelaciones de Estelí
Roberto Samcan, mayor en retiro del Ejército de Nicaragua y hoy opositor al gobierno, dice que no tiene la menor duda de que detrás de la muerte de los campesinos que expresan públicamente su rechazo al gobierno, se encuentra una política de Estado de aniquilamiento.
“Hay una política de exterminio oficial del Estado para estos grupos armados, que sí existen, pero que el Gobierno no los reconoce como tales porque quieren vender la idea que aquí todo mundo está feliz”, dice.
“Ahora, las evidencias de grupos armados sobran. Aquí hay grupos de gente de mucha credibilidad que lo que menos puede uno es considerarlos mentirosos, como el obispo Abelardo Mata, el obispo de la Arquidiócesis de Estelí; hay gente en los territorios, no de ahorita sino desde hace años, mil o dos mil personas, que te dicen que en Pantasma ha habido combates entre militares y grupos armados, gente que te dice que en El Tamalaque los armados mataron a soldados del Ejército y después hubo una represión descomunal; gente que te dice que los armados pasan por sus comunidades, que dejan pintas, que atacan puestos policiales y patrullas o que queman maquinaria del Estado, no sé qué más evidencias quieren”, dice categórico.
Para él, el caso más reciente de esta política es la muerte de Francisco Reyes Méndez, alias Cinco Pinos, quien fue abatido a balazos por la Policía Nacional.
Méndez había dicho hace casi un mes que se alzaba en armas contra el Gobierno de Daniel Ortega. Un video con su testimonio aun circula en las redes sociales.
La versión oficial de las autoridades indican que “Cinco Pinos”, el alias que le pusieron a Méndez, y otros dos hombres que lo acompañaban, se habían enfrentado contra un destacamento de la Policía que patrullaba en la Cabecera de El Toro, al suroeste de San José de Bocay, al límite con El Cuá.Pero los familiares de “Cinco Pinos” contradijeron la versión oficial e indicaron que el hombre junto con otras dos personas se encontraba en la casa del productor Pablo Díaz cuando un grupo de personas con ropas oscuras y tapándose la cara con pasamontañas y armados de fusiles AK entraron a la casa y dispararon contra los que estaban en el interior.
“Los majes salieron del monte, entraron a la casa y los rafaguearon sin darles tiempo para defenderse. Supuestamente Cinco Pinos estaba tomando café y estaba con el viejito dueño de la casa (Díaz) y un hijo de este señor. Le dijeron a Cinco Pinos que se rindiera, pero no se rindió y entonces lo rafaguearon. Después mataron al otro viejito”, dijo a LA PRENSA una persona que solicitó el anonimato.
“Lo que está claro es que hay grupos armados, está claro que algunos de ellos, no sé si todos, tienen una intencionalidad política. No está claro cuáles son las fuentes de apoyo que tienen y yo tampoco tengo claro cuáles son sus fuentes de apoyo. Yo sé que ese es un fenómeno que existe que yo no apruebo”. Dora María Téllez, Miembro MRS
MÉTODOS DE ELIMINACIÓN
El aniquilamiento de la mayoría de grupos armados en Nicaragua, desde 1990 a la fecha, ha sido a través de las llamadas operaciones de inteligencia, donde el engaño y la infiltración el Ejército y la Policía Nacional han sido las herramientas principales.
Una de las estrategias de aniquilamiento de grupos irregulares, develada por el general de ejército en retiro, Joaquín Cuadra, en 2001, era la infiltración y los golpes de mano dentro de las estructuras armadas.
Así ejecutaron mediante la operación Caballo de Troya al grueso del FUAC y ejecutaron en 1996 a Denis Ciriaco Palacios Cruz, alias Charro, a quien le estallaron una bomba en la cara, colocada en un radio comunicador.
Luego de eso, a la fecha, la mayoría de los reportes de muerte de los alzados en armas que han transmitido los organismos de derechos humanos como el Cenidh, CPDH y ANPDH, reflejan acciones de inteligencia propias del Ejército.
A Yahob lo asesinó un francotirador. A Pablo Negro lo ejecutó una escuadra. Otros han sido emboscados y a otros los han matado con bombazos, como la mochila que explotó en Pantasma.
“Es peligrosísimo porque si caemos en esa anarquía, esos (las zonas rurales), van a ser territorios de nadie. Nosotros como CPDH estamos en contra de cualquier brote armado, hemos dicho que el diálogo es la forma de arreglar los problemas”. Marcos Carmona, Director CPDH
CARACTERÍSTICAS DE LOS NUEVOS GRUPOS ARMADOS
Según el mayor en retiro del Ejército de Nicaragua, Roberto Samcam, a diferencia de grupos armados que si llegaron a ser reconocidos por las autoridades como tales, como el EDSN, el FSLN, la Contra, el FUAC y el FN 3-80, los nuevos grupos armados se caracterizan por no contar con discurso político definido, por carecer de una estructura política, por la falta de definición de sus propuestas y por la debilidad de su liderazgo político.
“Los rearmados son, por lo general, grupos que surgen en el campo y que tienen pocos miembros. Son gente vinculada al campo; muchos de ellos militaban en filas liberales y debido al fraude electoral del 2011 vieron que se les cerraban las puertas de un cambio político y decidieron tomar las armas“, explica el analista, quien agrega que muchos de ellos también fueron concejales en las zonas de Las Minas.
No tienen armamento en gran volúmen, dice Sancán. Algunos usan viejos AK47, escopetas y pistolas de uso civil y vetustos pertrechos de guerra, residuos de la guerra de los años 80.
Tampoco tienen un discurso articulado, no cuentan con respaldo de grupos de poderes y sus intenciones aunque políticas, son básicas y en demandas de mejores condiciones de vida, apertura democrática y respeto al modo de vida campesino.
DE ARMADOS Y REARMADOS
La historia de Nicaragua desde el siglo XX a la fecha, ha estado marcada por la presencia de grupos armados. Los ha habido desde que Augusto César Sandino armó al Ejército Defensor de la Soberanía Nacional en 1927, para enfrentarse en la zona de Nueva Segovia y Jinotega a las tropas de intervención de Estados Unidos y sus aliados nicaragüenses.
El EDSN no era propiamente un ejército sino una guerrilla con una estructura básica de orden bajo el mando de Sandino, quien se proclamó general del grupo armado.
Muchos años después de la muerte de Sandino y el exterminio de su guerrilla, nació el Frente de Liberación Nacional, inspirado en las acciones de Sandino, de quien tomaron su apellido para fundar en 1961 el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, que derrocó a la dictadura de la familia Somoza en 1979.
A partir de ese año, surgió otro grupo armado: la Contra. En sus inicios entre 1979 y 1981, se le conoció como MILPAS, Milicias Populares Antisandinistas, luego se le conoció como Contra (abreviatura de Contrarrevolución) y finalmente se convirtieron en Resistencia Nicaragüense. Fueron un grupo guerrillero que financiado y apoyado por Estados Unidos, combatieron al Ejército Popular Sandinista durante toda la década de los años 80, hasta que concluyó la guerra en 1990.
Después de la desmovilización de la Contra y el desmantelamiento del grueso del Ejército Popular Sandinista, en los años 90, surgieron nuevos grupos armados que reclamaban el cumplimiento de los acuerdos de desmovilización.
Los grupos de exmilitares que se alzaron en armas en demanda de beneficios fueron denominados “Recompas”.
Los exmiembros de la antigua Contra que se alzaron en armas demandando beneficios y seguridad (denunciaban persecución y exterminio de parte del Ejército) fueron conocidos como “Recontras”.
Luego, en algún momento, se juntaron y fueron conocidos como “Revueltos”.
Los grupos más conocidos de este fenómeno fueron el Frente Norte 3-80, de extrema derecha y el Frente Unido Andrés Castro (FUAC), de tendencia izquierda.
Desde el año 2007 a la fecha, los grupos armados que aseguran estar alzados en rechazo al gobierno del presidente inconstitucional Daniel Ortega se cobijan bajo la denominada Coordinadora Guerrillera Nicaragüense, que desde correos electrónicos y cuentas en redes sociales aseguran que su fin es derrocar al gobierno del FSLN.
TRATAMIENTO DE LAS AUTORIDADES A LOS GRUPOS ARMADOS
Aunque las autoridades de Nicaragua hoy no reconocen la existencia de grupos armados, organismos de derechos humanos y líderes religiosos han denunciado combates, ejecuciones, asesinatos y abusos contra campesinos sospechosos de pertenecer a grupos armados.
Una característica histórica del tratamiento de los gobiernos de turnos hacia estos grupos es la descalificación.
Roberto Samcan, mayor en retiro del Ejército de Nicaragua recuerda que Anastasio Somoza García calificaba a Sandino y sus tropas guerrilleras de “bandoleros” y “revoltosos”.
Dora María Téllez, comandante guerrillera del FSLN en los años 80, recuerda que el gobierno de Somoza Debayle calificaba a los armados como “grupos terroristas”, “sandinocomunistas” y “delincuentes armados”. El diario oficialista Novedades presentaba las fotografías de los guerrilleros muertos y los calificaba como “delincuentes”.
Ya en los ochenta, el FSLN calificaba a los campesinos armados de varias formas. A través de Barricada, órgano oficial del FSLN, a los campesinos alzados en armas se les llamaba “perros somocistas”, guardias genocidas, mercenarios y finalmente contrarrevolucionarios.
En los años 90, a los armados se les conoció como tales: grupos armados o bandas irregulares con acciones delictivas.
Desde 2007, año en que regresó Ortega al poder, tanto la Policía Nacional como el Ejército de Nicaragua no reconocen la presencia de grupo alguno.
Los tratan de delincuentes comunes y vinculados al narcotráfico y delincuencia común, usualmente muertos en combates contra las autoridades o como pasadas de cuentas entre ellos.