El Ministerio Público no presentó pruebas convincentes contra los campesinos Sotero de Jesús Reyes Alvarado y Juan de Dios Rodríguez Rodríguez, acusados, junto con Carlos García y nueve campesinos más, de presuntamente asesinar a cinco policías en la comarca Santa Elena, en Punta Gorda, Bluefields, el pasado 16 de agosto.
Los oficiales muertos son Santos Andrés Sevilla Castillo, Roberto Martínez Granado, Jorge Antonio González López, Wilbert Pérez Picado y Wilbert González López.
Según la prueba presentada ayer por la fiscal Kenia Jirón, ninguno de los 12 testigos civiles señalan o ubican a Reyes y a Rodríguez en el lugar donde se cometió el crimen, ni los vieron pasar después del tiroteo con el grupo delincuencial denominado “El Chofer”, liderado por Elborio Omar Suazo Calero, quien está prófugo.
De acuerdo con el testigo adolescente que acompañaba a las víctimas el día de los hechos, los oficiales salieron a las 6:00 a.m. rumbo a Santa Elena, con el acusado Gerónimo Aguilar, a quien habían capturado un día antes, y a eso de las 8:45 a.m., cuando pasaban por el lugar conocido como Santa Rosa del Guineo, escuchó al acusado Gerónimo decirle al oficial Wilbert González que comprara una Fanta naranja y dos paquetes de cigarros, por lo que él se quedó atrás con la víctima en una venta.
“Luego escucharon unos disparos y avanzaron hacia el tiroteo, que tardó unos veinte minutos, pero la mula que montaba el oficial se asustó y lo botó, momento en que el oficial Wilbert le dijo al testigo que huyera”, dijo la fiscal Jirón.
El testigo se quedó oculto en un árbol y escuchó a los delincuentes decir: “Dennos la llave, hijos de puta, así los queríamos agarrar”.
En la emboscada para liberar a Gerónimo Aguilar, supuesto integrante del grupo delincuencial “El Chofer”, participó presuntamente Carlos García, otro de los campesinos acusados, pero la Fiscalía no ubica en este ataque a Sotero ni a Juan de Dios.
“MILITARES EN DEFENSA DE LA TIERRA”
Los otros testigos, entre ellos mujeres, aseguraron que después del tiroteo, vieron pasar a sujetos armados con fusil AK, vestidos de camufle y uno de ellos pidió agua y dijo: “No tenga miedo que somos miembros del Ejército que estamos en defensa de las tierras”.
Otro testigo dijo que vio pasar al grupo armado y le dijo: “Cuñadito, dígales que si nos siguen, aquí llevamos armas”.
Entre los recibos de ocupación, también ofrecidos como prueba, a los acusados Juan de Dios Rodríguez y Sotero Reyes solo les ocuparon un rifle 22, supuestamente sin permiso, pero los familiares de Sotero aseguraron que el día que la Policía se llevó el rifle también se llevó la portación y el permiso del arma de fuego.
Al acusado Carlos García supuestamente le encontraron en su casa, según recibos de ocupación ofrecidos, las armas que portaban los policías víctimas, una camisa celeste de la Policía Nacional, pantalones negros de la Dirección de Fuerzas Especiales de la Policía, tres camisas camufle, entres otros objetos.
Según la Policía, García embuzonaba las armas del grupo delincuencial y participaba en reuniones y supuestos delitos.
La Fiscalía solicitó dar como hecho probado los dictámenes médicos de los cinco muertos y los peritajes químicos y de balística, pero el abogado Marlon Aburto se opuso, porque la Fiscalía debe demostrar que esos disparos salieron de los rifles 22. El juez Henry Morales no dio cabida a la petición de la Fiscalía y dijo que había audiencia preparatoria a juicio y que ahí podían ponerse de acuerdo.
Luego admitió las pruebas a pesar de que el abogado solicitó le diera cinco días a la Fiscalía para mejorar las pruebas contra Sotero Reyes y Juan de Dios Rodríguez, porque eran insuficientes. La fecha probable de juicio es el 29 de septiembre.
TESTIGO OCULTO
Las declaraciones del oficial encubierto, tenido como testigo Código Uno, señaló otras circunstancias que no estaban incluidas en la acusación del Ministerio Público por asesinato, crimen organizado, robo agravado y portación ilegal de arma de fuego contra Juan de Dios Rodríguez, Sotero Reyes y Carlos García, aduciendo que los dos primeros insistieron supuestamente en que los policías víctimas participaran en una asamblea que tenían los pobladores del Polo de Desarrollo Daniel Guido, en materia de seguridad ciudadana.
“Los acusados de manera reiterada y sospechosa insistían, a través del líder comunitario Crispín Orozco, que se hiciera presente la Policía”, dijo la fiscal Kenia Jirón.
