Para sacar de la crisis a la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal), la aguadora debe exigirle al Gobierno el reembolso de la tarifa social que asciende anualmente a seiscientos millones de córdobas y aplicar una facturación objetiva, afirma Ruth Selma Herrera, expresidenta ejecutiva de la empresa.
Si Enacal recibiera el reembolso que quedó estipulado en la Ley 297, Ley General de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, esta podría pagar la factura energética que cada año es asumida como deuda pública interna.
“Enacal debería recibir cincuenta millones de córdobas al mes y al año son seiscientos millones de córdobas; con esto la empresa no necesitaría andar pidiendo limosna. El Gobierno en vez de estar gastando en esos árboles de lata, en todas esas tonterías, debería de reembolsarle a Enacal”, dijo Herrera.
Explica que la tarifa social se aplica al setenta por ciento de los usuarios, que equivalen a cuatrocientas mil familias que pagan tres córdobas mínimo por cada metro cúbico, es decir, que la empresa le subsidia nueve córdobas.
“Desde que Unión Fenosa vino aquí se hizo una ley a la medida y como (Arnoldo) Alemán pensaba privatizar el agua hizo una reforma a la Ley 297 del agua, para que el subsidio fuera reembolsable, pero nunca ha habido reembolso, pero a Unión Fenosa siempre se lo han pagado (los reembolsos). ¿Por qué a Enacal no le pagan? ¿Por qué no quiebran a Unión Fenosa pero sí quiebran a Enacal? ¿Por qué para Unión Fenosa funciona ese esquema pero no para Enacal?”, cuestiona Herrera.
LÓGICA FINANCIERA
Pero para sacar de la crisis a la aguadora no solo se trata de exigirle al Gobierno el pago de los reembolsos por el subsidio a la tarifa social, sino ser más eficientes en la administración de la empresa, que arrastra déficit financiero desde el 2011, que no le permite pagar la factura energética.
“La lógica financiera que debe tener Enacal es en primer lugar tener más eficiencia en uso de la energía, darle mantenimiento al sistema de bombeo, el uso de equipos que son ahorradores de energía, asimismo debe comenzarse a hacer una facturación objetiva y una cobranza eficaz, es decir que le cobrés a los sectores de altos ingresos lo que realmente consumen”, explica Herrera.
INVERSIÓN ANUAL
Herrera manifestó que si Enacal lograra ser más eficiente en la administración y a la vez el Gobierno contribuyera dando el reembolso, la aguadora podría darle mantenimiento a la red que está obsoleta lo que provoca alrededor de ochenta fugas diarias a nivel nacional.
Enacal debe invertir anualmente doscientos millones de córdobas en infraestructura para reducir el 47 por ciento aproximado de pérdidas técnicas.
“Ahorita las pérdidas andan en el 47 por ciento de agua no facturada, pero si no se reparan las fugas eso va para arriba, porque se pierde mucha agua cuando hay roturas y eso te vacía los tanques, pero si vos tenés cuadrillas que están disponibles las 24 horas del día y los 365 días del año, las pérdidas se reducirían. Nosotros lo hicimos haces años y las pérdidas se redujeron a un ocho por ciento”, comentó Herrera.
ENFOQUE POPULISTA
Para Herrera el enfoque populista del Gobierno ha afectado a la empresa porque no se le está exigiendo a los usuarios el pago por el servicio y por otro lado los sindicatos mantienen el control de la empresa que va en quiebra.
“Aquí prevalece el enfoque populista de captar a los sindicatos y por otro lado el Gobierno no quiere que la gente pague, que no se le cobre a los pobres, cuando son los sectores que más consumen agua, yo creo que gobierne quien gobierne debe respetarse la lógica financiera de Enacal y cobrar un servicio diferenciado”, explicó.
Bajo las deterioradas finanzas de Enacal, se ve con preocupación el tratamiento que se le da al agua, pues en la potabilización para que sea apta para el consumo humano se gasta anualmente entre sesenta y setenta millones de córdobas.
“A mí me preocupa, no lo puedo asegurar porque no estoy dentro, pero si tienen una crisis financiera tan fuerte, pueden estar sacrificando el tratamiento del agua, pero eso solo ellos lo pueden saber cómo lo están haciendo”, agregó Herrera.
LEY 297: TARIFA SOCIAL
Según la Ley 297, Ley General de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, el Estado establecerá un sistema racional de subsidio al consumo de agua potable y alcantarillado, destinado exclusivamente a la población de escasos recursos que no consuma más del básico.
El financiamiento de este beneficio se establecerá en la Ley Anual de Presupuesto. El Estado podrá establecer subsidios cruzados entre sus sistemas y sus usuarios, si ello es necesario para dar acceso a un servicio básico de agua potable y alcantarillado sanitario a los estratos socioeconómicos cuya capacidad de pago es insuficiente para cubrir los costos de las prestaciones, sin embargo, dicho subsidio deberá desaparecer cuando estas condiciones cambien o bien se concrete un sistema de subsidio directo de parte del Estado, según la ley.
