Brígido Taleno, un campesino enjuto y fuerte, escuchó el primer disparo cuando le faltaban 400 varas para llegar a la iglesia evangélica La Profecía, en la remota comarca de Santa Rosa, en la Región Autónoma del Caribe Sur (RACS). Lo acompañaban sus dos hijos, un muchacho de 15 y una niña de 13, que con inocencia le preguntaron si las detonaciones eran triquitraques o cohetes.
“No hijos, eso es un tiroteo feo”, les aclaró. Buscó refugio para los tres después que más disparos callaron al silencio habitual de la comunidad de campesinos la mañana del domingo 16 de agosto de 2015. Eran las 8:40 a.m. Cuatro horas antes, Taleno había iniciado el viaje desde la aún más lejana comunidad de Santa Elena de Pijibay que se asienta junto a un río de aguas cristalinas, fronterizo con la reserva Indio Maíz.
El compromiso de los muchachos era recibir clases en el Polo de Desarrollo Daniel Guido, a orillas del caudaloso río Punta Gorda, pero el padre no quería continuar. Tenía miedo, pero sus chavalos reciben clases una vez al mes durante una semana y le acordaron que saldrían perdiendo.
“Cuando caminé unas cincuenta varas más, y llegué al segundo cañito, después de una ventecita, miré al primer muerto, pasé a un ladito. Se dividía el camino en dos”, recuerda. En el trayecto, se encontró otros cadáveres. Los policías cayeron en la vera del río El Guineo, abajo de la montañita desde donde se apostaron los tiradores para emboscarlos, y a la que se llega después de pasar el camino principal de Santa Rosa.
A medida que dejaba el sitio, a Brígido le fueron apareciendo investigadores policías que le preguntaban si era cierto lo “de los finados”, mientras le insistieron si andaba armas. Siempre respondió que “un puñalito”. No pasó nada. El caso de Santa Rosa es la masacre más grande contra oficiales de la Policía Nacional desde mayo de 2004 cuando otros cuatro policías fueron degollados en la delegación de Bluefields, en la cabecera caribeña sur, un asesinato atribuido entonces a narcotraficantes.
Dos días después de este nuevo crimen, después que los sacaron hasta el Polo de Desarrollo, a los cadáveres enlodados los esperaba un solitario helicóptero para trasladarlos a Plaza El Sol, la delegación central de la Policía. Un ruido ensordecedor de sirenas anunció su llegada, mientras el tráfico era detenido durante nueve minutos y las atenciones al público eran suspendidas hasta nuevo aviso. “Estamos de luto”, explicaron.
A la puerta de la delegación, la primera comisionada Aminta Granera, rodeada del jefe de Inteligencia e Investigaciones a nivel nacional, recibió los féretros. El jefe del Ejército, Julio César Avilés, le acompañó. No dijo una palabra y se retiró, mientras la jefa policial acusó en conferencia de prensa a la banda “El Chofer” que habría cobrado venganza —según su versión— por dos razones: la detención de uno de sus líderes a manos de los oficiales un día antes de la emboscada y el proceso contra algunos de sus miembros iniciado en julio pasado en Nueva Guinea, a cuyas actas accedió LA PRENSA durante esta investigación.
“No dijimos que era una emboscada porque no tenemos testigos”, dijo Granera. “Es un crimen que nos duele”, añadió tras prometer castigo para los culpables.
El día del asesinato, María Leonor Mejía, dueña de la vivienda más próxima a la montañita, miró pasar temprano a un hombre al que llevaban detenido. El preso, identificado después como Jerónimo Aguilar Gómez “Chombo” o “La Cegua”, viajaba a caballo. Los oficiales eran guiados por un joven baquiano que salvó la vida, según la acusación de la Fiscalía General de la República, saltando al río aunque otro testigo describe su escape como un milagro porque por la ubicación aquel sitio es ideal para emboscadas efectivas.
Uno de los policías se atrasó para comprar unos cigarros. Cuando empezaron los disparos, apuró al animal en que viajaba y libró el seguro de su arma. La emboscada duró treinta minutos. Después los fusiles de los policías callaron. “El policía entró a comprar cigarros, pero como yo no tenía, lo mandé para la otra venta. Ahí siempre venden. El policía ya venía frente a la casa, cuando escuchamos cuatro disparos. Él le bajó el seguro al AK y se echó a correr. Apenas se esconde en la montaña, se escuchó otro disparo y ya se escucharon otros”, dijo Mejía.
Las balas interceptaron una palma cercana a la vivienda de tabla de esta mujer. “Como era domingo, la gente bajaba a la Iglesia y nosotros le dijimos que se había escuchado eso. Se suponía que se habían agarrado, quizás ladrones, no se sabía (si) con la Policía. Una hora después fuimos a asomarnos, ya se encontraban toditos muertos. El último fue el muchacho de los cigarros, ese quedó en la entrada”.
CUMPLÍAN MISIONES PARTIDARIAS
Según Mejía, los policías se habían internado en la montaña y habían llegado hasta Santa Elena, donde vive Brígido, el padre sorprendido por el suceso cuando llevaba a sus hijos a clases. La misión era formar un Gabinete de la Familia, Comunidad y La Vida, los órganos de control civil del partido de gobierno dirigidos por la primera Dama Rosario Murillo.
En la acusación presentada en Managua contra los tres campesinos capturados el 25 de agosto, se señala que los policías se alojaron en la casa “del alcaldito” de Santa Elena, Crispín Orozco Rodríguez, su anfitrión y quien desapareció de la comunidad después de la tragedia según pudo confirmar LA PRENSA en un recorrido realizado en la zona con la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
Según el parte oficial, los policías capturaron a “La Cegua”, quien fue acusado por los pobladores por hurto de ganado. A las 12:30 a.m. los miembros de la banda planificaron el rescate que acabó en aquella mortandad. “Eliborio Omar Suazo (aún sin detener) se designa la actividad de ejecutar, dirigir, coordinar, el acto criminal, para ello utilizaría una escopeta calibre 12 y un revólver calibre 3.57, el acusado Gabriel Reyes, mano derecha de Eliborio, utilizaría una escopeta; el acusado Pablo Cruz, armado con un fusil AK; el acusado Tomás Téllez, armado con un fusil AK plegable; el sujeto Moncho que iba a utilizar un fusil AK, finalmente el acusado Carlos García, alias ‘El Gigante’ (uno de los tres detenidos) que utilizaría un fusil AK”, dice la acusación.
Después de la emboscada, los pobladores recuerdan que se escucharon disparos como rematando a los policías y después los asesinos pasaron frente al lugar buscando el monte. “Yo no logré verlos. Cuando pasó el chavalo (sobreviviente) yo fui a verlo”, aclara Mejía. “Escuché disparos como que los estaban rematando. Hubo otros que los miraron y dijeron que iban seis y el que ellos (los policías) llevaban”.
Mejía asegura que el pueblo es tranquilo y no se ven grupos delincuenciales. La versión de las bandas armadas, con finalidad política, la sostienen tres testigos con quienes conversamos en Santa Elena hasta donde las autoridades llegaron a apresar a los primeros sospechosos: Sotero Reyes, Juan de Dios Rodríguez y Carlos García. De ellos, es al último a quien señalan de disparar contra los policías y de encontrarle armas y pertrechos que pertenecían a las víctimas.
El proceso contra estos tres campesinos se llevó de manera separada con la banda “El Chofer” en Nueva Guinea, un juicio menos público. De hecho, en el último caso se programó audiencia para el diez de noviembre. Los tres campesinos fueron declarados culpables el viernes 23 de octubre de 2015.
“NO CULPEN A NADIE…”
Por razones de seguridad los nombres de los testigos encontrados por LA PRENSA y la CPDH, que confirman la existencia de grupos armados, no son mencionados en este reportaje. Solo publicamos los vídeos con las identidades debidamente protegidas.
“Dicen que ellos gritaron: ¡No culpen a nadie, somos la Contra, somos rearmados!”, dice un hombre que tiene familiares en Santa Rosa adonde estos detalles son mantenidos en reserva por los vecinos. Este hombre dice que nunca había escuchado de la banda acusada por la Policía y califica como arbitrariedad la detención de los primeros sospechosos.
En estas comunidades remotas, que limitan con otras comarcas como El Diamante, Las Glorias, entre otras, no es primera vez que se escucha de la existencia de bandas con fines políticos. “Ellos lo que dicen es que son la Contra, que están en contra del Gobierno. A mí nunca me han dicho que me vaya con ellos, la gente dice que piden comida. Andan unos vestidos con camufles y otros como vestimos nosotros. Las armas que llevan son revólveres y fusiles AK. Son gente desconocida para nosotros”, dice otro campesino.
Pablo Cuevas, del equipo legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), quien viajó a la zona con LA PRENSA, sostiene que “recibimos testimonios de gente del lugar que efectivamente dicen que a sus casas han llegado grupos que se identifican como rearmados, porque pretenden luchar contra el Gobierno. Dicen que no les saquean sus casas, sino que les piden alimentos. Las personas que hablaron dijeron que más personas saben sobre el tema, pero tienen temor”.
OTRO TESTIGO CONFIRMA
Un tercer testigo asegura que los grupos armados son conocidos por todos en la zona. Él se encontraba haciendo un trabajo el año pasado en una finca ubicada, en una comunidad fronteriza entre Santa Elena y La Gloria, cuando a los dueños de la casa los llegaron a buscar hombres vestido con verde olivo.
“Ellos no se dejan ver. Tal vez con la gente que tienen más confianza. En febrero del año pasado, yo estaba en un lugar. Allí estuvieron. Andaban como nueve personas. Bien armados. Andaban de militar. No se metieron con nadie. Ellos dijeron que querían un país libre, que no hubiera tanta corrupción, la lucha de ellos era esa hasta donde oí”, agrega.
Todos los ciudadanos esperamos que la autoridad nos hable con la verdad (en referencia a armados). Es lamentable. Los problemas se deben afrontar partiendo de premisas reales”.
Pablo Cuevas, abogado del equipo legal de la CPDH.
Asegura además que a él lo pusieron a cocinar, lo que haría igual si quien lo hubiese pedido fuese el Ejército o la Policía. Está consciente del peligro que enfrenta. “Si vienen cinco (armados), yo sin armas, ¿qué va a hacer uno? Uno debe hacer lo que te dicen”, reflexiona.
El expediente en Nueva Guinea muestra a las autoridades señalando los vínculos de la banda “El Chofer” con “Las Milpas”, una agrupación donde la misma Fiscalía asegura hay un miembro que pide a la población que se unan a ellos por inconformidades con Ortega.
CONFIRMARON PRESENCIA DE ARMADOS
Tanto Sotero Reyes, como Juan Rodríguez y Carlos García, confirmaron el viernes pasado en los tribunales la presencia de grupos armados en la zona.
García dijo que él se había ido obligado el día del crimen con los armados. La mujer de Juan Rodríguez, María Ercilia Martínez, confirmó que el mismo domingo 16 pasaron por su casa pidiendo comida y reconoció a Jerónimo Aguilar alias “La Cegua”, a quien los oficiales asesinados llevaban capturado.
“Ese día pasaron unos armados por mi casa, me decían que abriera las puertas y les diera de comer, que iban al lado de San Carlos, mi marido estaba acostado conmigo, eso fue el domingo, iban buscando el camino del río Casimiro. ¿Esa gente qué le dijo a usted? Pedían comida, que les diera de comer, les dije que había cocido pocos frijoles. Me dijeron que cociera yuca con sal. Yo al que conocí fue a Jerónimo Aguilar”, dijo María Ercilia.
La mujer dejó claro que a cualquiera que pase con armas “se les puede dar de comer, la comida no se le niega a nadie”.
García dijo que los armados estuvieron pasando, pero “después de la zanganada se retiraron”.
INTIMIDACIÓN OFICIAL
El Polo de Desarrollo Daniel Guido se encuentra al lado del río Punta Gorda. Minutos después de la llegada del equipo de LA PRENSA y la CPDH, un concejal sandinista de la localidad, identificado por sus vecinos únicamente como “Sonsín”, orientó a los visitantes que fuesen a la Policía Nacional y la Alcaldía para identificarse. “Ustedes son extranjeros en nuestra tierra, es por su seguridad”, advirtió después de insistir más de una vez en conocer el objetivo del viaje.
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