Ortega entregó al cuerpo diplomático un Libro Blanco de incidencia de elementos delincuenciales en Nicaragua en el período 2007-2017. Con él pretende, al igual que ocurre con el blanqueo de capitales que introduce el dinero mal habido en el flujo reglamentado de la economía, darle a la represión indebida del régimen la apariencia de legalidad, en lo que concierne al abatimiento, en estos diez años, de 150 personas tachadas de delincuentes.
Un comportamiento, de parte del régimen, básicamente al margen de la ley, es presentado en el Libro Blanco como una actividad en favor de la ciudadanía. El recurso es bastante simple, casi ingenuo, la represión militar se enmarca como si hubiese en progreso la comisión de un delito, de manera, que los procedimientos judiciales se saltan por el bien superior de la integridad ciudadana. Y estos procedimientos no se mencionan siquiera, como si las ejecuciones sumarias fuesen justificadas por la ley.
De esta forma ramplona, el país se ve sometido al imperio de la ley…, pero, de la ley marcial.
Un Libro Blanco tiene normalmente por objeto hacer transparentes las políticas públicas, sobre todo en materia de defensa nacional. Pero, cuando una dictadura toma una deriva militarizada, un Libro Blanco en esta materia de seguridad nacional se ve permeado por el cinismo.
La ciudadanía comienza a verse abarrotada de versiones, testimonios, pruebas de las incursiones militares del Ejército y la Policía en violación a los derechos humanos, en especial contra la población campesina en el llamado corredor de la contra (donde existía una base social para las fuerzas irregulares de origen campesino que combatieron en la guerra civil de los años ochenta).
Posiblemente, los campesinos de origen contra, alzados en armas contra el orteguismo, cometan excesos antisociales y, como en toda guerra asimétrica, busquen financiarse por medio de extorsiones, secuestros y actividades ilícitas.
Ni los alzados en armas tiene un carácter estrictamente político, ni la represión militar orteguista corresponde estrictamente con la defensa nacional y con el cumplimiento de los procedimientos legales. De modo, que no es solo un enfrentamiento entre delincuentes, ni una lucha entre políticos, sino, una mezcla difusa donde se ha perdido el Estado de derecho.
El Libro Blanco de Ortega es la versión sesgada de una de las partes en conflicto, que no tiene legalidad, aunque pretenda representarla como gobierno constituido fraudulentamente. Su actuación corresponde, por fuerza, con su naturaleza abusiva, absolutista, discrecional. El Libro Blanco le queda a este régimen como un traje mal cortado, o como un hábito sustraído de mala manera a una persona de talla diferente.
Luego de dos meses de silencio de las autoridades competentes, sobre la muerte de dos menores de edad (una jovencita de 16 años y un niño de 12 años), abatidos en un operativo militar cuando visitaban a su padre alzado en armas, alguien intenta contrarrestar la versión dramática de la madre de los menores (que reclama compungida por la tragedia que le entreguen los cuerpos de sus hijos), con un video apócrifo en el que un campesino asegura que ambos jóvenes portaban armas y que participaban en secuestros.
Ante un hecho grave, inaceptable, como la ejecución de dos menores a manos del Ejército, quienes fungen como autoridad responsable están obligados ante la sociedad a crear una comisión investigadora independiente, que determine si el Ejército cometió un hecho punible de lesa humanidad.
Una comisión multidisciplinaria e independiente que investigue por qué interviene el Ejército (contra una célula aparentemente delincuencial) en lugar de la Policía; por qué la emboscada (obviamente no es un enfrentamiento casual) concluye en un aniquilamiento total, y bajo qué apercibimiento judicial en vista que no estaba en curso una acción imprevista que, en ese instante, pusiera en riesgo la vida de algún ciudadano; por qué no hay un informe balístico, replicable si se preserva la escena, que describa los tipos de armas empleados y la cantidad, tipo, y dirección de los disparos por cada parte; por qué los cadáveres no fueron conducidos a la práctica de un análisis forense para determinar la causa de la muerte de cada abatido, y el tipo de heridas recibidas, máxime con respecto a los dos niños asesinados que, según testimonio, fueron vejados y torturados.
Sin tal investigación, el Libro Blanco del Gobierno es como un sepulcro blanqueado que oculta la gravedad de los hechos.
El autor es ingeniero eléctrico.