Lo que ocurrió en la primera sesión del Diálogo Nacional, y desde luego sin los momentos de dramatismo que pusieron los estudiantes y representantes de la sociedad civil, y la gélida frialdad que puso el gobierno, era relativamente previsible: indignación por la masacre y represión, y remoción de las causas de fondo que las provocaron, por los primeros, y negación y regreso a lo mismo, por Ortega.
A estas alturas, y sin conocer el curso que seguirá el Diálogo Nacional pero deseando que tenga éxito pues Nicaragua necesita, sí, necesita, una solución pacífica a la crisis que ha estallado pues suficiente sangre se ha derramado, nos atrevemos a plantear los límites y oportunidades dentro los cuales el Diálogo se realiza.
En primer lugar, y a esto debe poner límite el Diálogo, tenemos que evitar otra transición catastrófica de un régimen autoritario, como ocurrió con Zelaya y Somoza, y es el riesgo con Ortega. La situación actual, en la medida que se prolongue, más y más catástrofe humana y socioeconómica arriesga.
Bajo las circunstancias a las que hemos llegado, pensar en las elecciones del 2021 como el plazo de solución, es el camino más cierto a la catástrofe. Ortega, en su negación de las causas que han conducido a la tragedia actual, lo dijo en la primera sesión cuando se refirió a la misión de cooperación que acordó con la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), y que se establecería por tres años.
La OEA y otras agencias internacionales, intergubernamentales como la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea, y no gubernamentales como el Centro Carter e IDEA (Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral), pueden ayudar a la democratización que se ha pedido por la Conferencia Episcopal, el sector privado y es el clamor de la calle encabezado por los jóvenes. Pero el primer paso, y este es otro límite que debe establecer el Diálogo, son elecciones anticipadas, y entre más pronto mejor, y que ni Ortega ni su esposa se presenten de candidatos a la misma, pues son la primera y única causa de la crisis por su afán de perpetuarse antidemocráticamente en el poder. En este sentido, la idea de un gobierno provisional que muchos han vocalizado, y para el cual hay opciones legales, no carece de sentido.
Como también, si se trata de crear confianza en el Diálogo Nacional y evitar más enfrentamientos, la Policía y el Ejército deben recuperar el monopolio legal de la fuerza y proceder a desarmar las fuerzas de choque paramilitares del orteguismo. Esta es una indispensable medida cautelar mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha iniciado sus investigaciones, ayuda con su informe a establecer la justicia que las víctimas y sus familiares reclaman, con amplio apoyo nacional e internacional.
En la primera sesión del Diálogo, Ortega también hizo un alegato para volver a lo mismo cuando intentó responsabilizar a las protestas del desempleo y la escasez. En su estulticia, quiso ignorar que antes del año 2007 en que volvió al poder ya Nicaragua crecía económicamente, convivíamos sandinistas y no sandinistas, teníamos seguridad ciudadana, atraíamos turismo e inversiones extranjeras, y todo lo hacíamos en democracia, en la democracia a la que se quiere volver a través de una solución pacífica, y el Diálogo Nacional es la única oportunidad.
En definitiva, límites y oportunidades del Diálogo Nacional se confunden. Cualquier otra cosa que no sea el fin del régimen de Ortega, y recuperar la construcción democrática que interrumpió y nos condujo al derramamiento de sangre, solamente arriesga más catástrofe humana, económica y social.
El autor es economista.