El Diálogo Nacional, con sus altos y bajos, más la dura represión que como respuesta ha dado el Gobierno, hace que dicho instrumento para lograr la paz, cada día parezca menos efectivo. Los dos meses y medio que lleva la crisis han puesto en bancarrota a muchos negocios, el profesional liberal, el pequeño agricultor o empresario, el empleado en trabajos informales (que es la mayoría de los nicaragüenses), ha visto sus entradas reducidas. Si a eso se agrega la inseguridad en que se vive, la situación tiende a ser angustiosa.
El Gobierno ha apostado en tales circunstancias a la represión y lo que crea es miedo, paralización, angustia y desesperación.
Por otro lado, los representantes de la Alianza Cívica han mantenido una cerrazón en la mayoría de sus decisiones y han sido incapaces de abrirse a diferentes sectores para nutrirse con sus experiencias y sus consejos, atrayéndose fuertes críticas. Se dice que la mayoría de ellos pertenecen a una sola tendencia, el MRS y que en el fondo lo que estamos viendo es un pleito entre sandinistas.
Yo me niego a aceptar tal tesis. Creo que la situación actual obedece a una serie de atropellos e irrespeto a nuestras instituciones, eso que en la sociología latinoamericana se conoce como el “cesarismo” y que se han venido acumulando en todos estos once años del gobierno corporativo de Ortega, el alto capital, Fuerzas Armadas, y sindicatos oficialistas. Por lo tanto, la situación no es tan sencilla para señalar que una sola fuerza por muy organizada que esté es la que dirige toda esta tragedia.
En la mesa del Diálogo lo que se maneja es el “plan Ortega-Almagro”, que con el beneplácito del gran capital representado por Cosep-Funides-AmCham, Ortega se queda hasta la toma de posesión de un nuevo gobierno.
Significa seguir la ruta de lo que ellos llaman “la legalidad constitucional”, caer en la trampa de aceptar la Constitución actual, el marco jurídico de ellos. Significa centrar el debate en el tema electoral, y olvidarse de la justicia y la democracia real. En otra palabra, la impunidad. Darle legitimidad a lo ilegítimo y, sobre todo, renunciar a la movilización cívica que representa la voluntad de la soberanía popular. Este proyecto lo que impulsa es un “orteguismo sin Ortega”. Surge entonces la pregunta: ¿Dónde queda la derogación del Tratado Ortega-Wang, Ley 840? Las aspiraciones de lograr una sociedad más abierta, más humana, más democrática, más igualitaria, de la gente de los tranques, de los sectores combativos: campesinos, Monimbó, Masaya, León, Sutiaba, estudiantes y pueblo en general que ha respaldado todas estas protestas, ¿dónde quedan?
El autor es abogado