En septiembre de 2008, hace 11 años, un policía mató a un joven en La Paz Centro, León, y el pueblo indignado quemó la estación policial. Las autoridades reconocieron el error, ordenaron una investigación, y fue “conmovedor ver a las máximas autoridades policiales, de manera particular a la primera comisionada, Aminta Granera, y al comisionado Horacio Rocha, presentar excusas, dar el pésame y abrazar a los familiares de la víctima”, como entonces escribí. También dije: la tensa “fibra que tan íntimamente ha unido a la Policía Nacional con la población, al extremo que sigue siendo una de las instituciones del Estado más prestigiada…”, y agregaba: “Afianzar esa atadura de confianza entre policía y ciudadanos, como también entre fuerzas armadas en general y sociedad, es quizá la tarea de convivencia democrática de mayor importancia, y no debemos permitir que nada, ni razones de lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, ni mucho menos razones políticas, deterioren ese gran capital político…”.
Ese comentario formaba parte de una reflexión general, que he repetido incansablemente: en la transición democrática que puso fin a la guerra civil de los años 80, se institucionalizaron, profesionalizaron y adquirieron naturaleza apartidista el Ejército y Policía. Continuaba en esa reflexión patriótica, en el mes de la Patria, hace 11 años: “Ese fue un progreso histórico gigantesco.
Por primera vez, el poder coercitivo pasó a ser monopolio de la ley y del Estado. Es decir, se “desprivatizó” el poder coercitivo. Antes, siempre estuvo privatizado el poder de las armas: tuvimos ejércitos personales, de un caudillo o dictador, como la guardia somocista, o ejércitos partidarios, como el ejército sandinista, el ejército liberal, el ejército conservador, según el gobierno de turno”.
Hoy ya no podríamos decir lo mismo de la Policía: ha sido “privatizada” por Ortega. Ha reprimido sangrientamente, y amparado la acción represiva de grupos parapoliciales.
Con motivo del 40 aniversario del Ejército, el Diario LA PRENSA enfrentó la discutible decisión de publicar suplementos institucionales del Ejército de Nicaragua, en que se enfrentaba la libertad de expresión del mismo con la libertad de expresión que el gobierno niega a LA PRENSA y otros medios. Pero más controversial fue la equívoca afirmación —sobre cohesión institucional— por su comandante en jefe, que terminó en endoso de la tesis del gobierno sobre las causas de la crisis.
Aún más controversial de lo que dijo, fue lo que no dijo en discursos y suplementos: la institucionalización y profesionalización que significó la Ley 181, de “Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar”, de 1994, como punto culminante de construcción de una sociedad democrática, y que terminó con el monopolio privado del poder coercitivo y estableció el de la ley.
El autor fue candidato a la Presidencia de Nicaragua.