Recientemente en Nicaragua se escucharon voces sobre una tregua entre la oposición y el régimen Ortega-Murillo en atención al Covid-19, propuesta que no prosperó. El argumento principal para cuestionar la tregua es justamente las graves violaciones a los Derechos Humanos cometidos por el régimen. Pero, ¿qué relación existe realmente entre la pandemia, las sanciones y los Derechos Humanos?
Lo primero que hay que decir es que los Derechos Humanos son integrales, por tanto, es un contrasentido solicitar la extensión de sanciones y/o aplicación al acceso a recursos para que el régimen atienda la emergencia que representa el Covid-19. En otras palabras, en nombre del acceso a la justicia de las víctimas de las graves violaciones a Derechos Humanos en Nicaragua por parte del régimen Ortega-Murillo, la comunidad internacional no puede poner en riesgo el derecho a la salud y la vida de los nicaragüenses.
Por ello, la Resolución 1/2020 de la CIDH denominada Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, publicado el pasado 10 de abril recomienda en el párrafo 18: “Suspender o aliviar la deuda externa y las sanciones económicas internacionales que pueden amenazar, debilitar o impedir las respuestas de los Estados para proteger los derechos humanos frente a contextos de pandemia y sus consecuencias. Ello a fin de facilitar la adquisición oportuna de insumos y equipo médico esencial y permitir el gasto público de emergencia prioritario en otros DESCA, sin poner en mayor riesgo todos los derechos humanos y los esfuerzos avanzados por otros Estados en esta coyuntura, dada la naturaleza transnacional de la pandemia”
En realidad, la recomendación afecta más al régimen de lo que lo beneficia. Las sanciones impuestas por Estados Unidos al régimen lo han debilitado sensiblemente, pero tal como ha insistido el régimen Ortega-Murillo ante la ONU en diversas comunicaciones, son unilaterales y no adoptadas en el seno de una instancia internacional. Por esta razón, pueden considerarse desde el Derecho Internacional como injerencia y agresión.
El hecho que la CIDH se refiera a estas sanciones, da legitimidad internacional a las mismas, desvaneciendo el argumento del régimen, de manera tal que, a pesar de poder recurrir a la Corte Internacional de Justicia, el resultado no solo sería adverso, sino daría pie a la transición democrática en el país, esta vez con la participación de instancias internacionales.
A la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos se puede concluir que la oxigenación financiera del régimen como consecuencia del Covid-19 es legítima y que la responsabilidad del régimen Ortega-Murillo por las graves violaciones a los Derechos Humanos permanece incólume. Haga lo que haga, el régimen Ortega-Murillo solo tiene la posibilidad de postergar lo inevitable.
El autor es maestro en Derechos Humanos.