Por la pandemia del Covid-19 han quedado en el olvido otras necesidades prioritarias para la supervivencia humana de las personas más vulnerables. Tal es el caso de los jubilados con el decreto inconstitucional y confiscatorio 6-2019 del consejo directivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
El INSS toma como base legal para la elaboración de dicho decreto el artículo 34 de la Ley de Seguridad Social, pero este artículo fue derogado por el arto. 114 de la Constitución Política que establece: “Corresponde exclusivamente y de forma indelegable a la Asamblea Nacional la potestad para crear, aprobar, modificar o suprimir tributos… Se prohíben los tributos o impuestos de carácter confiscatorio”.
El pago al INSS y a Inatec corresponde a tributo de contribuciones especiales. De manera que ese decreto es inconstitucional y confiscatorio, porque va en contra de la Constitución y despoja de manera ilegal las cotizaciones y la pensión a los asegurados, poniendo en riesgo la supervivencia de miles de jubilados.
La Corte Suprema no puede fallar contra ley expresa, ninguna ley ordinaria como es la Ley Tributaria puede ir en contra de la Constitución Política. Además la Ley no tiene efecto retroactivo y en caso de que reformen la Constitución, una sentencia fuera de esta norma no tendría sentido por mucho que la adornen con lenguaje latinesco.
En marzo 2020 el INSS tenía que presentar a los nicaragüenses el anuario para comprobar que el decreto inconstitucional No. 6-2019, había provocado un “gran impacto positivo” en las finanzas del INSS. Sin embargo el régimen no lo hizo porque todo es un fracaso y no es con reformas que se va a rescatar al INSS, ya no se trata de ser transparente para enderezar sus finanzas, lo que rescataría al INSS sería un cambio urgente de gobierno.
Solamente en el año 2019, de manera ilegal el consejo directivo despojo a 26 mil pensionados del 30 por ciento del valor nominal de sus pensiones, lo que podemos calcular en unos 150 millones de córdobas que no ayudará en nada a las paupérrimas finanzas del instituto.
Para el año 2020 seremos 30 mil los jubilados víctimas de un sistema injusto e inmoral. Pero, ¿dónde están esos miles de jubilados? ¿Dónde están los otros 29,999 jubilados que no reclaman?
Por Ley es obligación del INSS hacer constar en la resolución de pensión el procedimiento administrativo que oriente al jubilado en caso de no estar de acuerdo, sin embargo no están publicando ese procedimiento.
Todo jubilado sin distingo de color político debe interponer recurso contra la mencionada resolución, porque la pensión que le están entregando no es el valor que le corresponde. Ejemplo: si un jubilado tiene derecho a una pensión de C$12,500.00 le entregan C$7,500.00.
El autor es abogado.