En el año dos mil, se promulgó la Ley Electoral con la que se pretendía limitar el multipartidismo que permitía la anterior, del nueve de enero de 1996 y disminuir la carga económica que pesaba sobre el Estado por la existencia de tantos partidos políticos.
A pesar de sus intenciones, la nueva Ley Electoral fue más allá de sus legítimos propósitos y se convirtió en el otro extremo, ya que propiciaba un bipartidismo anacrónico que ya habíamos vivido y había sido considerado como atentatorio contra la democracia.
La ley desde su publicación fue cuestionada por partidos políticos, sociedad civil y países donantes, siendo la crítica principal que era un retroceso al proceso de transición hacia la democracia que se había iniciado con la derrota del Frente Sandinista en las elecciones de 1990.
Algunos partidos recurrieron en contra de determinados artículos de la Ley Electoral, con recursos de Amparo ante la Corte Suprema de Justicia, quien se vio obligada a declarar la inconstitucionalidad de muchos de ellos, por ser violatorios de la Constitución de la República.
Al día de hoy es imposible efectuar una reforma profunda a la Ley Electoral porque para hacerlo se necesitaría de dos legislaturas y ya no hay tiempo de, aunque se puede efectuar reformas que permitan unas elecciones aceptables, siempre que haya voluntad política.
En octubre del 2003 el Partido Conservador, cercanas unas elecciones edilicias, redactó un proyecto y visitamos distintos partidos políticos y embajadas, dejamos de último al Partido Liberal, ya que tenía un candidato ganador para la Alcaldía de Managua y una numerosa representación parlamentaria.
Presentó el proyecto el licenciado Mario Rappaccioli, pidiendo respaldo ya que sus votos eran indispensables.
Un magistrado del Consejo supremo Electoral, “de cuyo nombre no quiero acordarme”, conocido por la frase: “La calle está dura”, con insultos nos hizo abandonar la reunión, comprendimos que para los liberales era más importante el pacto con Ortega, que ganar la Alcaldía de Managua.
Se pueden hacer reformas electorales, sin tener necesidad de reformas constitucionales, por ejemplo: que los fiscales nombrados por los partidos sean acreditados por el Consejo sin necesidad de ternas. Que el Consejo se limite a acreditar a los observadores y no a reglamentar su participación; derogar el inciso 1.3 del Art, 174 L.E. porque votar es un derecho (Arto. 30) luego no cabe la sanción de arresto inconmutable por abstenerse de hacerlo; que se prohíba la presencia de policías dentro del recinto, revisión del Padrón Electoral; que a la propaganda electoral no se le aplique la nueva les que los grava con multas en dólares, etc.
Es mi creencia que el Gobierno no tiene voluntad política de efectuar reformas a la Ley Electoral. Para el sandinismo en las elecciones el poder no está en juego.
El autor es abogado, dirigente en retiro del Partido Conservador.