Fueron tres décadas, 1990-2020, las que ha tomado levantar en Nicaragua la industria turística que se convirtió en una de las principales fuentes de empleo y generadora de divisas para el país y los sueños a los que apostaron miles de empresarios nicaragüenses, grandes, medianos y pequeños.
Lamentablemente a partir del 2018 tres crisis sucesivas han venido a forzar el cierre de cientos de negocios, restaurantes, hoteles, tiendas y alquileres de vehículos, y otros negocios complementarios del turismo.
Primero fue la crisis sociopolítica, luego en el 2020 vino la pandemia mundial, la falta de libertades y constantes violaciones a los derechos humanos que a diario se proyectan en las redes sociales y medios de comunicación masivos. Y como si fuera poco, por último las políticas de aislamiento aéreo que ha impuesto el gobierno que están terminando de asfixiar al sector turismo.
Sumado a estos factores de orden interno, están las advertencias de no viajar a Nicaragua, que con toda razón han hecho los Estados Unidos a sus conciudadanos, que de todas formas no encuentran muchos medios para visitar el país en estos tiempos, que en todo el mundo las aerolíneas han entrado en una tremenda crisis por la ausencia de pasajeros.
Las esperanzas del sector turismo fincadas en la Semana Santa que en otras épocas significa una buena temporada turística y, en consecuencia altos ingresos, parecen desvanecerse ante el anuncio de que American Airlines, United Airlines y Aeroméxico han pospuesto nuevamente sus vuelos a Nicaragua y vendrán hasta principios de abril, al final de la Semana Santa, con lo que cumplirán un año de ausencia.
No ayuda en lo absoluto a la imagen turística de Nicaragua, tan deteriorada por las crisis mencionadas, el hecho de que se proyecta ante el mundo una imagen de estado policial, donde a algunos dirigentes políticos no se les permite salir de sus casas, manteniéndolos en un virtual estado de casa por cárcel y aquellos que sí se les permite, son retenidos hasta ocho veces en retenes policiales mientras los fotografían y les piden sus documentos.
A otros, incluso, no se les permite llegar a su destino y son escoltados de regreso a su lugar de origen como ocurrió recientemente con el presidente departamental del partido Ciudadanos por la Libertad en Matagalpa, don Melo Cisneros, y un grupo de directivos departamentales cuando viajaban de Matagalpa a Rancho Grande, cumpliendo con el plan de organización territorial del partido, de cara a la próximas elecciones del 7 de noviembre.
Las imágenes de patrullas policiales cercando las casas de ciudadanos, o reteniendo en las carreteras su movilización en violación a su derecho constitucional no aportan nada a la imagen país que contra viento y marea quiere proyectar el Intur, que tampoco ha podido solucionar el pegón de la conectividad aérea, que es de su total incumbencia.
La lucha por recuperar la plena vigencia de las libertades ciudadanas debe ser una prioridad nacional, no solo por la justicia de la causa, sino porque está de por medio un año electoral —que no puede ni debe de transcurrir bajo estado policial— sino también por la recuperación económica del sector turismo, que ha sido el más golpeado por la crisis sociopolítica y la pandemia.
El autor es periodista, exministro y exdiputado.