Que el régimen Ortega-Murillo pague por sus crímenes es posiblemente el mayor clamor social en Nicaragua para este año electoral. Pero, ¿qué garantía de justicia pueden ofrecer las personas que aspiran liderar a la oposición en las próximas elecciones?
Ante el férreo control que tiene el régimen Ortega-Murillo del Poder Judicial y demás operadores de justicia, puedo advertir al menos tres opciones para procesar al régimen Ortega-Murillo: Que la Corte Penal Internacional conozca del caso por derivación del Consejo de Seguridad de la ONU (Rusia vetaría la iniciativa); la Jurisdicción Universal, que le permite a un país conocer de crímenes contra la humanidad ocurrido fuera de su territorio (muy poco probable); y la implementación de un mecanismo de Justicia Transicional (requiere restablecer la democracia).
De cara al inicio del Diálogo Nacional en 2018 y a petición del Ieepp, elaboré un documento que puede encontrarse fácilmente en internet titulado: “Guía para garantizar la verdad, el acceso a la justicia y la reparación eficaz del daño a las víctimas de graves violaciones a los Derechos Humanos en relación con estándares internacionales”. Me disculpo por la autorreferencia, pero modestia aparte, es el primer documento en señalar que lo ocurrido en Nicaragua fueron Crímenes de Lesa Humanidad y además se adelantó a recomendaciones hechas por la propia CIDH y el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI).
La ventaja que ofrece la Justicia Transicional es que al ser un mecanismo ad hoc que busca la verdad y la justicia, no se necesita esperar a que el Poder Judicial recupere su independencia para asegurar justicia a las víctimas y puede revestirse de legitimidad mediante un plebiscito o referéndum. Por ello, el documento citado debe ser lectura obligatoria para los aspirantes presidenciales.
La propuesta refleja los estándares internacionales para establecer un mecanismo que permita esclarecer la verdad; las exigencias de una investigación exhaustiva; así como los estándares mínimos para una aplicación de justicia imparcial e independiente. Pero al haber sido diseñada durante la implementación de la política represiva del régimen y desconocerse entonces el alcance de la misma, resulta pertinente incluir aspectos en la reparación sobre el principio de equidad (capacidad del país de indemnizar); la desvictimización; y, la vocación transformadora que debe apuntalar un programa de reparación integral.
Por ser mi compromiso primario el derecho de acceso a la justicia de las víctimas, no respaldo a ninguna persona precandidata, aunque con el mayor de los gustos colaboraría en la realización de una propuesta con quien encabece la oposición en las próximas elecciones. Por lo pronto, me limito a sugerir a las personas aspirantes que apuesten a la Justicia Transicional como ruta para garantizar justicia en Nicaragua.
El autor es maestro en Derechos Humanos.