La lucha por los derechos de la diversidad sexual en Nicaragua lleva muchos años y ha tenido grandes costos, económicos y también humanos. Recuerdo que los de la generación de los ochenta y noventa, como José Ignacio López y Joel Zúñiga, me contaban lo difícil que era ser gay o transgénero en Managua para esa época, te golpeaban o te mandaban a echar preso a la casa 50, detrás de las oficinas de Seguridad de Estado, en la loma de Tiscapa.
Para inicios del año 2000, Nicaragua, Panamá y Belice eran los únicos países de Centroamérica que aún penalizaban la homosexualidad, hasta que en noviembre de 2007 el gobierno nicaragüense dio a conocer su nuevo Código Penal, el cual no entraría en vigor sino hasta el año 2008, en el que se derogó el artículo 204, despenalizando la homosexualidad, y fue así que la población LGTBIQ comienza a dar grandes pasos de expresión organizativa. En 2009 se aprueba el nombramiento de Samira Montiel como nueva procuradora para asuntos de diversidad sexual. En nota de LA PRENSA del 30 de noviembre de 2009 se dice: Según el procurador Omar Cabezas, de esta manera no se hace más que reconocer a los ciudadanos y ciudadanas en su condición de personas con iguales deberes y derechos constitucionales, que deben ser respetadas sin importar su condición, opción sexual o labor.
Supongo que el procurador Cabezas se amparó en el Arto. 27 C.N.: “todas las personas son iguales ante la ley y tiene derechos a igual protección. No habrá discriminación por motivo de nacimiento, nacionalidad, credo político, raza, sexo, idioma, religión, opinión, origen, posición económica o condición social”. Sin embargo, todos estos esfuerzos parecen ser en vano, pues se han realizado un sinnúmero de propuestas para el cambio social en aras del respeto y la tolerancia para las personas diversamente sexual que han sido de caso omiso por el gobierno y quedado en el olvido, y sobre todo se ha visto el agravado de la problemática desde el estallido social de abril de 2018.
La resolución ministerial de 2009 se refirió solamente a las personas en su condición de orientación sexual, dejando de lado la identidad de género; esta ni siquiera tuvo reglamentación y tampoco financiamiento para la educación del personal de las distintas áreas disciplinarias de los ministerios de Salud.
Las múltiples reuniones con la procuradora Montiel fueron una pérdida de tiempo, pues no pasaban de motivar a realizar trabajos mediante las ONG que apoyaban estas iniciativas y no como responsabilidad de la PDDH y, por ende, del Estado. Tiempo después una pequeña sorpresa, cuando en funciones de cargo como titular del Minsa, Sonia Castro nos “facilita” la nueva resolución ministerial 671-2014, donde ya mencionan la identidad de género y otras expresiones del género, pero tampoco ha tenido gran impacto en el país, esto por falta de voluntad gubernamental en reglamentar, y, también impulsar desde los pénsums de todas las escuelas del área de la medicina, y que de igual forma sea del conocimiento de los ciudadanos nicaragüenses.
Luego de diversos proyectos ejecutados a nivel nacional por organizaciones y movimientos sociales, entre 2010 y 2017, financiados por Fcam, Usaid, AJWS, y embajadas como Noruega, parecía verse una luz al final de túnel cuando mediante iniciativa de nombramiento para facilitadores judiciales fueron llamados activistas de distintas organizaciones para ser juramentados. Pasadas varias horas del solemne acto, el 14 de diciembre de 2017, “la Corte Suprema de Justicia hace del conocimiento público mediante su portal web que queda revocada la juramentación y se deja sin efecto legal alguno el trámite de acreditación como Facilitadores Judiciales de los 24 miembros de la comunidad de la Diversidad Sexual, realizada el día miércoles 13 del mismo mes”. Fue cuando nos dimos cuenta que estábamos siendo utilizados por el gobierno para aparentar ver que en Nicaragua se “respetaban los derechos humanos”, cuando en realidad es todo lo contrario.
2018 vino a abrirnos más los ojos, pues nos dimos cuenta del total irrespeto y arbitrariedades que ejecuta el gobierno de Ortega contra todos los ciudadanos nicaragüenses, crímenes de lesa humanidad, encarcelamiento arbitrario, secuestros, desmantelamiento de organizaciones, etc.
Me es triste reconocer, principalmente por parte del gremio transgénero femenino, que hemos vivido arrinconadas trabajando solamente en el tema de la prevención del VIH-sida, ITS y el ejercicio del trabajo sexual por sobrevivencia, no dando salida a otras temáticas de relevante importancia como la participación ciudadana en espacios de toma de decisión, el acercamiento a políticos y la oferta de propuestas (nuevas agendas) en aras de que se nos tome en cuenta en agenda pública.
La autora es defensora DD. HH. y LGTBIQ.