La presentación del Informe de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre la situación de Nicaragua ante el Consejo de Derechos Humanos del organismo, tuvo tres objetivos claramente identificables: Presentar un balance ante la comunidad internacional del contexto actual de graves violaciones a los Derechos Humanos en el país; una propuesta para despresurizar la crisis y retomar la senda democrática en Nicaragua; y replantear una estrategia internacional de protección de Derechos Humanos.
El primer objetivo es importante porque la agenda internacional se encuentra centrada en este momento en la agresión emprendida por Vladímir Putin a Ucrania y sobre todo en la cadena de eventos que ha desatado la invasión. El informe demostró que, a pesar de esa grave situación, el tema de Nicaragua permanece vigente en el interés de la comunidad internacional.
En cuanto a la despresurización de la crisis, Bachelet propone la realización de un diálogo incluyente y con garantes internacionales, poniendo incluso a disposición el organismo que dirige con tal finalidad. Pero la dictadura Ortega-Murillo no tiene interés en el tema, porque la menor apertura democrática en el país, acarreará su deposición y con seguridad ese hecho propiciará la rendición de cuentas respecto de las múltiples violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad de lo que son responsables.
Sin embargo, replantear la estrategia internacional para la protección de los derechos humanos puede representar al mediano plazo una herramienta de gran utilidad para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de la dictadura Ortega-Murillo. En los últimos segundos de su intervención, Bachelet pidió la creación de un procedimiento especial para Nicaragua, lo cual implica que el Consejo de Derechos Humanos otorgue un mandato a una persona o personas consideradas expertas independientes para la realización de informes. Pero ¿para qué sirve otro informe más?
Hay que tener en cuenta que la represión de la dictadura Ortega-Murillo ha generado indefensión para la protección de derechos humanos en el país, impidiendo incluso un ejercicio de documentación de la situación, útil para la eventual rendición de cuentas. De suerte tal, que la documentación por parte de una instancia nacida del seno del sistema de Naciones Unidas sobre las violaciones a derechos humanos en Nicaragua se torna en un insumo indispensable para dimensionar la crisis, y sobre todo, aportaría elementos probatorios en la procuración de justicia.
El establecimiento de un procedimiento especial para Nicaragua por parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU tiene un efecto inmediato, adicionar un actor creíble que documente y denuncie ante la comunidad internacional la continuidad de la represión en Nicaragua. Además, el ejercicio de documentación de violaciones a derechos humanos puede tener una utilidad dual, por una parte, dar pie a la activación de un mecanismo internacional para demandar justicia, ya sea un tribunal internacional ad hoc o bien el ejercicio de la jurisdicción universal en algún país, ambas posibilidades en un plano de demanda de justicia fuera de Nicaragua; y por otra parte, de ser depuesta la dictadura, este procedimiento especial se convertirá en un actor a tener en consideración en el diseño y la implementación de mecanismos de justicia transicional que aseguren el acceso a la justicia y reparación integral a las víctimas, así como una coadyuvancia en el diseño de un nuevo Estado de derecho con enfoque de derechos humanos.
No se puede perder de vista que en la presentación de Bachelet la dictadura activó la totalidad de su red de aliados para tratar de contrarrestar el impacto del informe en un intento desesperado para invisibilizar la crisis. Aunque esa estrategia no parece eficaz al corto plazo, de prolongarse el conflicto y persistir la represión, se obstaculizará sensiblemente el acceso a la justicia de las víctimas de la dictadura.
Consecuentemente, la creación de un procedimiento especial se convierte hoy en una garantía en favor de las víctimas que debe convocar al activismo por los derechos humanos en Nicaragua.
El autor es maestro en Derechos Humanos.