Nicaragua vive momentos definitorios para lo que será el futuro. Ante eso es indispensable discernir sobre el futuro de las instituciones más importantes del país. En los últimos quince años, los Ortega Murillo en su afán totalitario han hecho trizas la institucionalidad democrática del país que se había empezado a construir, no sin dificultades, desde 1990.
Dentro de las instituciones del Estado que han sido afectadas, está el Ejército. Muchos nicaragüenses se preguntan qué pasará con el mismo, una vez que Nicaragua inicie su inevitable tránsito a la democracia
En 1994, bajo la presidencia de doña Violeta Chamorro, entró en vigencia el Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Militar que profesionalizó al Ejército definiendo su carácter nacional y apartidista. Fue en esa época en la que dicha institución alcanzó su mayor prestigio y credibilidad. En 1995 fueron aprobadas las reformas constitucionales que sellaban en aquel momento la democratización del país.
Lamentablemente los sucesivos gobiernos fueron desmontándolas, sobre todo en los hechos, hasta llegar al 2014, cuando el orteguismo hizo aprobar cambios constitucionales regresivos y antidemocráticos, que consagraron la concentración de poder que Ortega inició en el 2007. El Código Militar también fue objeto de reformas en la misma dirección en el mismo año.
Hoy, especialmente después del 2018, el Ejército es ante los ojos de todos una institución al servicio del proyecto dictatorial y nepótico del orteguismo. La permanencia del general Julio Avilés como comandante en jefe y en ejercicio de su tercer período, es una anomalía que solo se explica por la voluntad de Ortega de mantenerlo en el cargo. Pero, además, implica un bloqueo al necesario y saludable relevo de mando que debe darse en cualquier institución castrense.
Al Ejército le correspondería un papel clave en la transición a la democracia, toda vez que recupere y respete lo consagrado en la Constitución desde 1995 (artos. 92 y 93 Cn) que lo define como “la institución armada para la defensa de la soberanía, de la independencia y la integridad territorial… de carácter profesional, apartidista, apolítica, obediente y no deliberante”. Si no lo hace, necesariamente su existencia como institución, estará legítimamente cuestionada.
No tengo duda que hay militares que de manera individual se han prestado a ser cómplices de la dictadura, y se han hecho de la vista gorda frente a grupos paramilitares y sus delitos. Esos, personalmente, deberán responder ante la justicia. Pero por sobre todas las cosas existen centenares de oficiales, clases y soldados, que aspiran a ser parte de una institución profesional, honorable y al servicio exclusivamente de la patria, en el resguardo de la soberanía, la lucha contra el narcotráfico y el cuido del medio ambiente.
De ellos también necesita Nicaragua.
El autor es miembro del Consejo Político de la UNAB