*Efren Godoy/ Alejandro Valverth/ Miguel de la Vega
Entre 2018 hasta el 25 de agosto de 2022, aproximadamente 1,700 organizaciones sin fines de lucro (OSFL) nicaragüenses han sido clausuradas por el Gobierno contra la voluntad de sus miembros, en casi la totalidad de los casos por órdenes fundamentadas en supuestas violaciones de normas para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Frecuentemente en grupos de cien, OSFL dedicadas al desarrollo, salud, educación, derechos humanos, religión, democracia y más fines del bien público han sido forzadas a abandonar sus funciones en beneficio a sus comunidades semana tras semana. Estas acciones severas han sido condenadas por diversos mecanismos de derechos humanos, pero ninguno de estos pronunciamientos ha frenado el ritmo acelerado de disoluciones forzosas en los últimos meses.
Una entidad que no se ha pronunciado públicamente es el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), justamente la entidad global que establece estándares y evalúa a los países por la clase de leyes y prácticas en prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo que el gobierno de Nicaragua cita para justificar la muerte legal de tantas organizaciones cívicas.
El posicionamiento público del GAFI sobre estas acciones por parte de Nicaragua en nombre de cumplir con sus propios estándares resultaría especialmente relevante en esta primera semana de septiembre, cuando el país reciba una visita de un equipo evaluador del GAFI. El mandato de los evaluadores es considerar si Nicaragua ha cumplido con un plan de acción para remediar deficiencias y si “sigue existiendo el compromiso político necesario para mantener la implementación y la mejora en el futuro” de reformas antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo.
¿Qué reflejan las disoluciones masivas de OSFL y normas implementadas en el transcurso de 2022 sobre el compromiso político por parte de Nicaragua? Las OSFL tendrían mucho para decir al equipo evaluador del GAFI para contestar esta pregunta, pero no existen condiciones de seguridad que les permita levantar su voz. En solidaridad con las organizaciones nicaragüenses, compartimos evidencias aportadas por ellas para comparar las acciones del gobierno con los estándares relevantes al sector sin fines de lucro plasmados en su Recomendación 8:
● El GAFI requiere que Nicaragua regule a las OSFL a través de leyes focalizadas en un subgrupo de organizaciones de mayor riesgo de ser abusadas por el financiamiento del terrorismo. La Ley de Organismos Sin Fines de Lucro, vigente desde mayo de este año, obliga a cada OSFL nicaragüense cumplir con el mismo nivel intensificado de regulación y sanción, sin tomar en cuenta si es una entidad pequeña que opera a nivel barrial o una organización con presupuesto significativo y actividades en todo el país.
● El GAFI requiere que Nicaragua imponga medidas proporcionales al riesgo identificado. La imposición uniforme de la sanción más severa –disolución– a unas 1,700 OSFL no refleja proporcionalidad. En muchos casos, las disoluciones han sido ordenadas por faltas menores o faltas que podrían ser subsanadas, por ejemplo, por no entregar informes financieros actualizados. Además, algunas OSFL insisten que han intentado entregar la documentación requerida, pero funcionarios del Ministerio de Gobernación se niegan a recibirla.
● El GAFI requiere que Nicaragua no limite el trabajo legítimo de las OSFL. En los últimos meses, el gobierno ha clausurado a Operación Sonrisa y la asociación Misioneras de la Caridad, fundada por la Madre Teresa de Calcuta, entre tantas más, inhibiendo sus servicios de atención médica infantil, acceso al agua potable, y otras necesidades básicas legítimas brindadas por OSFL a grupos vulnerables.
● Además, el GAFI requiere que Nicaragua implemente su marco regulatorio contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo en concordancia con sus obligaciones bajo tratados internacionales de derechos humanos.
Una carta de los Relatores Especiales de las Naciones Unidas especializados en los derechos humanos y la lucha contra el terrorismo y la libertad de asociación, entre otros derechos, enviada al presidente Daniel Ortega en mayo de este año, denuncia que las normas y prácticas de Nicaragua no conforman con sus obligaciones bajo tratados de derechos humanos. Vimos una respuesta a esta carta en una reforma a la Ley de Organismos sin Fines de Lucro emitida en agosto, la cual establece que las OSFL ya no son consideradas asociaciones civiles. Así que no hay claridad si el derecho a la libertad de asociación, consagrado en la Constitución del país como en la Convención Americana de Derechos Humanos, sigue vigente en la letra de la ley o en la práctica.
Esta información sobre la actualidad en el país, aportada por OSFL nicaragüenses que deben guardar su confidencialidad para evitar represalias, demuestra la falta de compromiso político del gobierno de Nicaragua para implementar y mejorar reformas conforme con los estándares del GAFI.
Estos datos deberían ser tomados en cuenta por el equipo evaluador y los países miembros del GAFI, y verse reflejada en una evaluación negativa del país. Un pronunciamiento contundente del GAFI, con base en esta evidencia, podría frenar las disoluciones de OSFL y evitar su réplica en otros países miembros, particularmente en países vecinos como Guatemala, El Salvador y Honduras. Finalmente, fortalecería los procesos del propio GAFI y sus entidades regionales frente a futuros abusos de sus normas.
Los autores son: Efren Godoy, de El Observatorio del Poder-Honduras; Alejandro Valverth, de LEGIS-Guatemala; y Miguel de la Vega, Secretario Ejecutivo UnidOSC – México.