En la octava resolución del Parlamento Europeo sobre Nicaragua, desde la rebelión nacional de abril de 2018, el órgano legislativo de la Unión Europea (UE) aprobó con los votos de más del 90 por ciento de los eurodiputados presentes el 15 de septiembre pasado, la condena de la forma más enérgica al régimen Ortega-Murillo, por la represión y en esta ocasión, por la detención del obispo Rolando Álvarez y otros sacerdotes de la Iglesia católica.
El día anterior, 47 países, incluyendo Colombia, que revirtió su ausencia en la reunión del Consejo Permanente de la OEA el mes pasado, también condenaron al régimen por las violaciones a los derechos humanos, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Con el cambio de Colombia, suman 28 de los 34 miembros de la OEA (82 por ciento), que condenan las violaciones a los derechos humanos, a la libertad de expresión y ahora también a la libertad religiosa, incluyendo los gobiernos de izquierda de Perú, Chile y Colombia.
En la resolución de los eurodiputados resaltan dos nombres: el del obispo Rolando Álvarez demandando su inmediata liberación y el de Daniel Ortega exigiendo su sanción e investigación por la Corte Penal Internacional. El Vaticano, cuya diplomacia es muy prudente, debe estar agradecido a Europa, crecientemente secular, por defender al obispo católico y la libertad religiosa.
Entre la condena de la OEA el 12 de agosto, la del Comité de Derechos Humanos de la ONU el 14 de septiembre y la del Parlamento Europeo el 15 de septiembre, se ha profundizado el aislamiento internacional del régimen, con 55 países condenando la creciente represión y poniendo en evidencia que solo cuenta con Cuba, Venezuela, Irán, Corea del Norte, Rusia y China. Todos esos gobiernos, también han sido condenados por violaciones a los derechos humanos.
Los 55 países que condenan al régimen representan el 64 por ciento de los mercados de destino de nuestras exportaciones y tienen en sus manos, la decisión de continuar dando acceso a sus mercados o no. Esa situación ocasiona una gran incertidumbre en los inversionistas privados, sean nacionales o extranjeros.
Por eso no es viable un futuro de progreso para nuestro país, en las actuales condiciones de represión generalizada que prevalecen. Los nicaragüenses debemos restablecer la libertad y la democracia en nuestra patria, para poder asegurarle a nuestro pueblo un futuro de progreso en libertad.
El autor es presidente de honor del Partido Conservador (PC).