Con mucha satisfacción leí en la edición del Diario LA PRENSA del pasado treinta de septiembre, la solicitud que hace la Policía a la Asamblea Nacional, en donde urgen a los diputados para que legislen para reformar las leyes de tránsito, para que estas pongan un freno a la pandemia de accidentes mortales, muchos de ellos causados por conductores manejando en estado de ebriedad.
Las estadísticas que proporcionaron a los diputados son espeluznantes y hablan por sí solas, de la necesidad de que nuestra sociedad tenga leyes coercitivas que impidan que conductores irresponsables evadan la justica pagando a los familiares de sus víctimas sumas irrisorias por la vida que segaron.
Entre las cifras que la Policía de Tránsito transmitió a los diputados cito las siguientes: en los últimos nueve años los accidentes de tránsito se han incrementado en un 71.11 por ciento, en 2012 producto de estos accidentes resultaron 674 víctimas fatales, en cambio en el 2021 las muertes por accidente vehicular fueron 904. Agregando que en lo que va del año, actualmente han fallecido 967 personas, es decir casi 50 más que el año pasado. Agregando el informe que, de seguir esa tendencia, este año se multiplicarán considerablemente la cantidad de fallecidos por accidentes de tránsito.
Según el informe, solo en San Juan del Sur murieron 22 personas producto de un accidente causado por un conductor que conducía en estado de ebriedad. En artículos anteriores, abordé este tema y prometí que haría lo posible por agenciarme estadísticas confiables para luego instar a los diputados en la Asamblea para que hicieran algo por detener la pandemia en que se han convertido las muertes por accidentes, producto de conductores irresponsables que ya sea por manejar en estado de embriaguez o porque no se preocupan de dar mantenimiento adecuado a sus vehículos causando accidentes que bien podrían haberse evitado.
Hasta hoy la ley permite que las muertes producto de accidentes automovilísticos se definen como homicidios involuntarios, siendo además un delito de orden privado, lo que permite que un arreglo entre las partes exima al culpable de enfrentar la justicia. Algo que es totalmente aberrante en un país del tercer mundo, en el que usualmente los ricos andan en carro y los pobres a pie.
En otras palabras, es una ley que bien podría tildarse de clasista por decir algo. Pero en realidad, la intención de este artículo es llamar la atención de los legisladores y se den cuenta que en esta ocasión la autoridad policial les está pidiendo cambios drásticos en dichas leyes, los cambios cosméticos no se valen pues no resolverían la problemática planteada. En otros países han resuelto el problema con leyes que inclusive castigan a terceros que a sabiendas que están vendiendo alcohol a alguien en estado de embriaguez, lo continúan haciendo y en algunas ocasiones hasta lo ven abordar un vehículo y no hacen nada al respecto.
En esta ocasión los diputados tienen una oportunidad de detener esta pandemia que como dicen las autoridades producen más víctimas que los homicidios. Otra cosa que deberían tener en cuenta los diputados, es dejar claro que un vehículo manejado en mal estado a sabiendas de su condición, debería ser castigado su propietario o conductor si este por su condición mecánica provoca un accidente.
Hay muchas otras leyes que se podrían dictaminar al respecto, solo hace falta voluntad. Dios quiera que en esta ocasión los diputados gobiernistas hagan valer su número para producir una ley acorde a lo que la ciudadanía y las autoridades les están solicitando.
El autor es comentarista de temas políticos y sociales.