La sentencia de culpabilidad emitida por el juez Edgard Altamirano, sobre la masacre perpetrada contra dos caravanas de simpatizantes orteguistas el 19 de julio del año pasado fue apelada por los abogados de los procesados.
Uno de los señalamientos en que coinciden las apelaciones de los defensores fue que el judicial no tomó en cuenta las pruebas de descargo y solo las de la Fiscalía, pese a que muchas de las pruebas son las que califican “de oídas”.
Ese día perecieron cinco personas y más de veinte lesionados. Las víctimas mortales fueron: Devilma Argentina Benavídez Gómez, Esther Ligia Vásquez Barrera, Yader Francisco Sáenz Potoy, Germán Adrián Martínez Hernández y Yelsin Isaías Talavera Galeano.
El abogado Carlos Baltodano, defensor de Juan y Gregorio Torres Espinoza y Erick Salgado, conocidos como los “tirapiedras” en ese proceso y del conductor Walter Balmaceda, señala en la apelación que el judicial “actuó y apreció la prueba de descargo de forma parcializada, a la cual no le concedió ningún valor, cuando con estas pruebas se demostró con los testigos que venían en el bus” de Balmaceda.
Estos, dice el abogado Baltodano, se bajaron en el empalme de Las Pilas, a las 10:30 p.m., según los testigos. “Y esto fue corroborado por la prueba de descargo del Ministerio Público, por el señor Cleofas Ríos, quien declaró ante el juez, que a las 10:20 el primero que se bajó en Puertas Viejas fue el señor Félix, trabajador de la Alcaldía y que posteriormente en el empalme de Las Pilas se bajaron los acusados de tirapiedras”.
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, los sucesos que terminaron con la vida de tres personas en ese sector ocurrió a las 9:40 p.m., “es decir, que de la prueba de descargo de testigos presenciales que fueron categóricos en afirmar el tiempo y la hora exacta en la que se encontraba mi defendido a las 10:30 de la noche, es suficiente para que el juez comprobara la falta de participación de mi defendido en el hecho acusado”.
Apelaron la sentencia porque los hombres son no culpables.
Baltodano señaló que en el caso a sus defendidos se les violentaron una serie de derechos, que van desde que los capturaron que les negaron el derecho a ser asistidos por un abogado, comunicarse con sus parientes, a su vez “los torturaron”.
Por su parte el abogado Marlon Aburto, defensor de Eddy Gutiérrez y Wilfredo Balmaceda, señala entre las ilegalidades aceptadas en el juicio el hecho de que todos los dictámenes emitidos por el forense de Matagalpa “los hizo a través de documentación”.
Y señala que el mismo aseguró que en el hospital de Matagalpa “le pusieron en su poder un montón de expedientes clínicos”.
“En toditos los expedientes clínicos no sale número policial y los que llevan, llevan repetido con otro número de expediente clínico… ninguna de las personas que él dictaminó fueron dictámenes físicos, sino documentales”, aseguró Aburto, quien apunta que además todos los expedientes fueron elaborados el 1 de agosto de 2014 a las 17:00 horas.
12 fueron las personas procesadas por la masacre del 19 de julio. Según la sentencia judicial, ocho de ellos deberán cumplir la pena máxima de treinta años, pero que de sumarlas por varios delitos pasan los cien años.
RAROS TESTIGOS
El abogado Carlos Baltodano destaca que el judicial aceptó pruebas donde los testigos eran oficiales que presentaron informes “de oídas”.
“Los dos detectives a cargo de la investigación, el oficial Jorge Iván Orozco Hernández y la oficial Belkis Yahosca Trujillo, al mejor estilo de toda una novela policíaca, narraron en juicio todo lo que supieron por testigos anónimos”, refiere el abogado Baltodano en su apelación.
Por tanto, dice Baltodano, “ no son testigos y tampoco puede ser prueba directa ni indiciaria”, al tiempo que se violenta el principio constitucional y procesal de derecho a la defensa. En el caso ambos testigos manifiestan que conocieron informaciones de Inteligencia sin decir quiénes son las personas.
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