Mañana se realizarán elecciones parlamentarias en Venezuela y seguramente Nicolás Maduro permanecerá en el poder. Pero ¿a qué costo y por cuánto tiempo?
La misma pregunta podemos realizarnos sobre las elecciones previstas para noviembre de 2021 en Nicaragua, pero con dos diferencias sustanciales. La primera, que Venezuela es un país extremadamente rico, petrolero incluso. La segunda, que las elecciones parlamentarias de mañana, así como las fraudulentas elecciones de 2018 que dieron a Nicolás Maduro otro período de 6 años de gobierno, no han sido reconocidas como legítimas por el grueso de la comunidad internacional. Ni las elecciones de mañana, ni las de Maduro hace dos años, lograron satisfacer estándares internacionales mínimos de elecciones democráticas.
Mientras tanto en Venezuela, pese a su riqueza, han salido por razones socioeconómicas derivadas de su crisis política, una gigantesca cantidad de población en el éxodo más grande que ha existido en varias décadas, en todo el continente del cual formamos parte, según señaló la agencia especializada de Naciones Unidas sobre refugiados (Acnur). Hasta ahora han emigrado más de cuatro millones de personas, literalmente, de hambre, en una pavorosa crisis humanitaria.
Lo mismo nos podría ocurrir a nosotros en las elecciones del año 2021, si las elecciones no son consideradas legítimas por la comunidad internacional. Todas las instituciones civiles, militares y religiosas, y principales actores, debemos evitar vernos en el espejo de Venezuela, que pese a su enorme riqueza enfrenta una catástrofe económica, social y política.
Claro, igual que en Venezuela, podría ocurrir con nuestra dictadura que la razón es sobrevivir en el poder, sin importar las consecuencias para el pueblo. Pero es difícil que Nicaragua, con una gran interdependencia con los países vecinos, sobreviva la dictadura de Ortega como no sobrevivió la de Somoza, y en algún momento la solución pacífica que buscamos los nicaragüenses, estará en entredicho.
En este contexto, cobra vigencia la resolución adoptada en octubre por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que es un verdadero parteaguas a partir del cual será juzgada la legitimidad o no de las elecciones del año 2021. Esa resolución señala criterios, aspectos esenciales y críticos, textualmente lo dice, para que esas elecciones reúnan estándares internacionales para considerarse democráticas. De lo contrario, será inevitable reproducir el caso de Venezuela, con sus consecuencias socioeconómicas, y al final de todas formas terminará la pesadilla de un régimen que ha hecho de la sobrevivencia en el poder la única razón.
Esa resolución y los criterios que establece, deberían ser un punto de encuentro para la unidad de la oposición, pero no solamente de la oposición, sino de todo el país. Hay que decirlo de manera categórica: esa resolución recoge los criterios que serán respaldados por la comunidad internacional, para juzgar nuestras elecciones.
Mientras tanto, el gobierno intenta con ajustes en el deslizamiento del córdoba y otras medidas técnicas resolver la crisis económica como si la causa no fuese política. Lo mismo ocurre con los huracanes, que han dado acceso a recursos frescos de financiamiento internacional por razones humanitarias, pero mientras no se resuelva la crisis política no retornará la inversión privada y la confianza, como lo revela el crecimiento sin precedente del riesgo en el sistema financiero.
Al respecto, hay que recordar que Somoza llamó al terremoto de Managua “revolución de las oportunidades” porque al destruir muchos activos físicos, también generó el financiamiento para reponer esos activos. Incluso, se reeligió fraudulentamente en septiembre de 1974. Cinco años después fue derrocado.
Esa es la oportunidad que tenemos con las elecciones de 2021.
El autor es economista y analista político.