Hemos pasado otra Navidad con presos políticos, centenares de muertos sin asomo de justicia, decenas de miles de exiliados, dirigentes opositores con casa por cárcel, prohibición de protestas pacíficas, privación del derecho de reunión y violación sistemática de los derechos humanos. En adición, leyes recientes que penalizan las libertades democráticas y arman todo el entramado legal de una dictadura, más allá del ejercicio omnímodo del poder de Ortega sobre todos los poderes del Estado.
¡Esa, y no otra, es la verdadera causa de las sanciones internacionales!
Hace menos de una semana se aprobó la “Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, soberanía y autodeterminación para la paz”, que prohíbe la participación como candidatos de elección popular a quienes de alguna manera pidan sanciones como si la causa no fuese la dictadura, entre otras causales que además los jueces de Ortega interpretarán según el antojo del dictador.
El mismo día, el alto representante para Política Exterior de la Unión Europea emitió un comunicado haciendo un recuento detallado de todas esas lesiones legales a los derechos democráticos de los nicaragüenses. Y seguramente la nueva administración de los Estados Unidos (EE. UU.) tendrá el mismo recuento, sobre todo en circunstancias del consenso bipartidista que existe en el Congreso de ese país en contra de Ortega. Ese consenso ha sido reforzado por las recientes declaraciones de los exrepresentantes Barnes y Bonior, que encabezaron la oposición a la política de Reagan en los años ochenta, como el mismo Biden en el Senado de ese país.
Envalentonado por los recursos de financiamiento internacional que recibieron por la pandemia y los huracanes, el asesor económico de Ortega compareció poco antes de Navidad en un canal de TV y expresó, de manera confusa porque entremezcló ataques a los EE. UU. y la Unión Europea, que se reuniría con empresarios, a quienes no identificó, para revisar algunos de sus reclamos en materia tributaria, como si nada hubiese pasado y no existiera la crisis política y todo fuese producto de sanciones internacionales.
Esa comparecencia me recordó, en pleno esplendor del “modelo de diálogo y consenso”, que en definitiva avaló el modelo autoritario que derivó en la dictadura que ahora tenemos, los esfuerzos que se hicieron para detener la Nica Act que fue, por primera vez, aprobada el 21 de septiembre de 2016. Recuérdese que ese era año electoral, y Ortega había excluido a la verdadera oposición de participar en las elecciones de noviembre.
En ese contexto, el gobierno llamó a la OEA, de cuyo secretario general había pedido la destitución tres meses antes, y contrató al Grupo Gephardt para que intentara detener la Nica Act. Otro empresario contrató al Grupo Estopiñán, y AmCham contrató al Grupo Carmen, con el mismo fin. ¿Recuerdan?
Menos de dos años después terminamos en la masacre de abril de 2018 contra manifestantes pacíficos, y de previo, por el intento de reformas al Seguro Social para amparar la corrupción y el derroche en esa Institución, había terminado el modelo de diálogo y consenso.
El recuento que hizo Borrell en nombre de la Unión Europea, que además forma parte del consenso bipartidista en el Congreso de los EE. UU., quita aire al envalentonamiento del gobierno que lleva a confundir el financiamiento por la tragedia humanitaria de la pandemia y los huracanes, con la normalización de las relaciones afuera y dentro de Nicaragua.
Por eso decimos confusas a las declaraciones del asesor de Ortega, que repitió en voz baja el cinismo de Ortega defendiendo, a voz alzada, en nombre de la soberanía y el respeto a Nicaragua, que nadie más que él ha arriesgado, a la dictadura.
El autor es sociólogo y economista. Fue candidato a la Presidencia de Nicaragua.
