En mi primer artículo del año 2021, quiero afirmar lo siguiente: Ortega hace todo lo posible para que la oposición abandone la vía pacífica, y debemos conocer sus consecuencias.
Con el objetivo anterior, Ortega desafía a los amplios sectores que se le oponen por la vía pacífica, a la comunidad internacional que respalda esa opción pacífica, y al propio Ejército de Nicaragua. En su primera reacción como institución, y ante la masacre iniciada en abril de 2018, señaló el propio 21 de ese mes que “nos sumamos y respaldamos la decisión de búsqueda de una solución por la vía del diálogo para encontrar una respuesta consensuada al tema que originó estos momentos de dolor”. La solución pacífica que demanda la crisis política, son las elecciones previstas para el 7 de noviembre de 2021.
Solamente en la actitud de Ortega se explican las leyes aprobadas a finales de 2020, y que se oponen junto al clima de represión, para que esas elecciones sean la solución que buscamos. Esas leyes, abiertamente contrarían a la resolución de la Asamblea General de la OEA, de octubre recién pasado, y que precisamente, al reconocer la legalidad del gobierno de Ortega, a diferencia del gobierno de Maduro en Venezuela, pide reformas electorales.
A diferencia de Venezuela, en cuya réplica Ortega trata de convertir a Nicaragua, existen al menos dos diferencias sustanciales: primero, las sanciones de la comunidad internacional han sido a personas, instituciones y empresas, directamente vinculadas a la represión y corrupción, no al país como en Venezuela; segundo, ausencia de mayores vínculos económicos de Venezuela con sus vecinos, a diferencia del caso de Nicaragua.
El propósito que Ortega busca de una opción cívica diferente en la oposición, me recuerda un editorial de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, cuyo asesinato conmemoramos en una semana más. En 1966, pocos meses antes de las elecciones de 1967 bajo la dictadura de Somoza, escribió: “Que haya un cambio. Un cambio pacífico y honorable, pero verdadero y profundo”. El llamamiento “honorable”, era a la Guardia Nacional. Debe recordarse, que desde el triunfo de la revolución cubana en 1959, cualquier intento del derrocamiento armado de Somoza fue básicamente abandonado, con la excepción de Olama y los Mollejones en abril de ese mismo año, que ya estaba en marcha y dirigida por el propio Pedro Joaquín, y la rebelión de Jinotepe y Diriamba al año siguiente. La advertencia de Pedro Joaquín a Somoza no fue atendida, y lo mismo está haciendo Ortega.
Pero fue tal el repudio a Somoza, que años después se respaldó al Frente Sandinista (FSLN), pese a su identificación con Cuba, por amplios sectores dentro del país y numerosos países prestaron su territorio y suministraron armas.
En la guerra civil posterior al triunfo de la revolución sandinista, no solamente concurrieron el financiamiento de Estados Unidos (EE. UU.), sino que otros países, en especial Costa Rica y Honduras, facilitaron sus territorios para respaldar la lucha armada.
Al respecto, y esta es una diferencia con Venezuela insoslayable, debe recordarse que para cada país centroamericano el comercio con los otros países de la región es tan importante como el comercio con los EE. UU., de modo que en la reacción de sus gobiernos no solamente existía el rechazo a Somoza y posteriormente a la revolución sandinista, sino también intereses económicos prácticos.
Este recuento rápido de la historia de Somoza y la actitud de Ortega, no es solamente con fines históricos comparativos, sino para que evitemos la recurrencia bárbara de nuestra historia, en que hemos vivido de guerra civil en guerra civil, y de ahí nuestra postración socioeconómica. Eso nos jugamos el próximo noviembre.
El autor es sociólogo y economista. Fue candidato a la Presidencia de Nicaragua.