Entrevistado en el Canal 10 hace pocos días, el dirigente de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) Jesús (Chú) Téfel mencionó que con base en la represión la dictadura había extendido los plazos hasta llegar a este año electoral, frente a la demanda inicial, que era una de las dimensiones del “espíritu de abril”, que se adelantaran las elecciones a marzo de 2019, como propuso en el primer Diálogo Nacional la Conferencia Episcopal.
Con ese mismo espíritu, Carlos Tünnermann y Fabio Gadea Mantilla han presentado esta semana la Comisión de Buena Voluntad que ofrece a los precandidatos un procedimiento para unificar a la verdadera oposición. El proceso contempla, básicamente, los siguientes pasos, a partir de la genuina disposición de los precandidatos a esa unidad: primero, que se realicen consultas, debates y encuestas, para la selección de un candidato de consenso; segundo, programa de gobierno, selección de la casilla electoral y escogencia de la representación legal de la casilla; tercero, plazo, finalizando en marzo el proceso.
El tiempo apremia, como dijimos la semana anterior, porque la OEA ha fijado mayo para la realización de reformas electorales. De lo contrario, no se tendría tiempo para organizar la observación electoral internacional y realizar la implementación de las reformas electorales.
A su vez, Ortega, con la pandemia que ha durado un año, se ha ganado una pausa porque los diversos países están suficientemente ocupados con la misma para prestar atención a otros temas, aliviando la presión que desde la comunidad internacional se ejercía contra la dictadura.
También, la elección en Estados Unidos alivió a Ortega de la atención de la opinión pública de ese país y del consenso entre demócratas y republicanos en su Congreso, mientras incrementaba la represión, armando legalmente la justificación e incluso incrementando la misma. Finalmente, con la pandemia y los huracanes se ganó el beneficio de los organismos financieros internacionales que han aprobado nuevos financiamientos. Y aunque esto no soluciona la crisis económica que aguarda hasta que Nicaragua se democratice, la dictadura ha sentido alivio macroeconómico por ese nuevo financiamiento.
Es decir, alivio para el gobierno sin que llegue desahogo económico para el pueblo. En este contexto, es importante analizar cuál ha sido la reacción del gobierno frente a los malestares que se habían acumulado y estallaron en abril del año 2018. Sencillamente, ha profundizado todas las causas, incluyendo la modalidad de “partido único” en la cual, sin acceso a El Carmen o a los delegados del Frente Sandinista, nada se puede resolver, así sea una ley económica o cualquier gestión administrativa.
Hace dos días, el ministro de Hacienda pronosticó que este año sería de reactivación económica y pronto se recuperaría el crecimiento económico. Ilusiones. Simplemente, las causas nacionales e internacionales del malestar político subsisten y no deben confundirse los motivos de un alivio económico con la remoción de los impedimentos estructurales que nos precipitaron en la crisis política, y menos aun reforzando las causas de esa crisis: la pretensión de establecer una dictadura personal y dinástica.
En ese contexto, adquiere más valor la iniciativa que Tünnermann y Fabio han tomado, y los verdaderos opositores debemos recibirla con la buena voluntad que ellos han expresado, porque la dispersión de precandidaturas es un pretexto que Ortega usará para diluir las reformas electorales. Mientras, la comunidad internacional seguirá desatendida de Nicaragua mientras esa fragmentación de la oposición se mantenga.
La bienvenida que en la opinión pública se ha dado a la iniciativa de la Comisión de Buena Voluntad, se debería acompañar de buena voluntad de los destinatarios de la misma, para sentarse a discutir el procedimiento ofrecido, pues lo que más importa es que Ortega no se salga con las suyas.
El autor es abogado y economista. Fue candidato a la Presidencia de Nicaragua.