Algunas personas sostienen, artificialmente desde luego, que la contradicción fundamental en Nicaragua, ahora y no en los años ochenta, es entre sandinismo y antisandinismo. Pero cae por su obstinado peso, que además se ha incrementado por los centenares de muertos, miles de heridos y exiliados, muchos de ellos sandinistas, que esa contradicción es entre dictadura y democracia.
La consigna que la gente coreaba en las manifestaciones era “Democracia ¡sí!, Dictadura ¡no!”, en las cuales se confundían antisandinistas, sandinistas, no sandinistas y muchísima gente más. Esa intuición de las multitudes reconocía que la contradicción era entre orteguismo, como aglutinamiento de la dictadura, y todas las otras fuerzas que luchábamos y luchamos por la recuperación de la incipiente transición democrática que se dio a partir de 1990.
Alegar la contradicción entre sandinismo y antisandinismo, obviamente favorece a Ortega. Por dos razones: primero, divide a la oposición; segundo, deja a Ortega como único referente del sandinismo.
Es también ignorar la historia. Recordemos que la inmensa mayoría de diputados de la Unión Nacional Opositora (UNO), que llevó al triunfo a Violeta Barrios de Chamorro en las elecciones de 1990, formalmente se declararon de oposición el día antes que asumiera la Presidencia. Alegaban, entre otras cosas, el hecho que su gobierno dejara al general Humberto Ortega como jefe del Ejército, pese al encargo expreso que condujera el proceso de institucionalización. Y en la Asamblea Nacional, los diputados sandinistas, 35 de un total de 39, que luego formamos el Movimiento Renovador Sandinista (MRS), ahora Unamos, fuimos la base legislativa para aprobar la inmensa mayoría de leyes de la transición democrática que lideró Violeta Barrios de Chamorro. Lo anterior, en contra de Daniel Ortega, que decía “gobernar desde abajo”.
Además, es no reconocer la tarea que tendremos por delante una vez que acabemos con la dictadura de Ortega. Se trata de retomar la transición democrática que empezamos en 1990.
En esa transición, nada será más importante que consolidar la institucionalidad democrática, dejando otros temas, que expresan preferencias ideológicas particulares y que dividen a la sociedad, que aguarden hasta que las instituciones democráticas se consoliden.
A propósito de esa transición pendiente, Ortega se ha visto favorecido en su dilación por varias razones. La pandemia, que obligó a cada país a luchar contra la misma, disminuyendo la presión de la comunidad internacional. A su vez, la oposición interna bajó su movilización, para no exponer irresponsablemente a la gente al contagio. También, los huracanes que ocuparon mucha atención y dieron al gobierno un alivio financiero, junto a la pandemia, inesperado. Finalmente, las elecciones en los Estados Unidos (EE. UU.) y el cambio de gobierno en ese país.
Sin embargo, antes de un mes, el nuevo gobierno estadounidense presidido por Biden ha emitido recientemente un comunicado señalando que “Ortega está conduciendo a Nicaragua hacia la dictadura. Esto aislará aún más a su régimen de la comunidad internacional”. A su vez, la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, ha liderado un documento suscrito por varios centroamericanos dirigido al nuevo gobierno de EE. UU., en el cual se refiere a que “la deriva dictatorial de Nicaragua es particularmente seria y debe abordarse con urgencia, dadas las elecciones que tendrán lugar el próximo noviembre; el desprecio y vulneración de los derechos humanos y de las instituciones democráticas que ahí tienen lugar, representan un grave foco de contaminación no sólo para Centroamérica sino para todo el continente”.
En la medida que la pandemia pase, lo cual anticipa la vacunación que se ha iniciado, y la comunidad internacional vuelva a ocuparse de Nicaragua, y la oposición unida como es el propósito de la Comisión de Buena Voluntad, volverá a escucharse con más fuerza que nunca: “Democracia, ¡sí! Dictadura, ¡no!”.
El autor es abogado y economista. Fue candidato a la Presidencia de Nicaragua.
