Ortega pareciera tener todo bajo control, y así lo es en cuanto a la represión y su consecuencia inmediata, la ausencia de protestas multitudinarias y la supuesta “estabilidad política”. Además, la situación económica —excepto la pobreza y desigualdad que han crecido— precariamente subsiste a la espera que se resuelva la crisis política, pero será muy difícil, acaso imposible, que recupere la política de Diálogo y Consenso con los empresarios. No solamente en términos de los comunicados del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), sino en términos prácticos.
Voceros del gobierno anticipan en la situación económica que inmediatamente después de las elecciones y con Ortega en el poder se restablecerá esa política, que permitió un crecimiento económico antes de la crisis de abril, apenas superior a la de diez años precedentes, y lo hacíamos en democracia.
Ignoran esos voceros gubernamentales que la postergación reiterada de la agenda democrática del Cosep en beneficio de la agenda económica, que era fundamento de la política de Diálogo y Consenso, acumuló entre otras causas la soberbia del gobierno que derivó en la masacre de abril y meses subsiguientes, precisamente por la postergación de la agenda democrática.
Después de esa masacre, Nicaragua no volvió a ser igual, con Ortega o sin Ortega.
Pese a que Ortega se robó las elecciones municipales de 2008, en que perdió Managua, Masaya, León, Granada y 41 municipios más, y la violencia e irregularidades de las elecciones presidenciales en 2011, hasta llegar a la exclusión total de la oposición en 2016, esa política de Diálogo y Consenso sobrevivió. La política en mención se facilitaba por la holgura económica derivada de los siguientes factores:
Primero, la reducción casi a cero de la deuda externa al finalizar el gobierno de Enrique Bolaños, a través de la Iniciativa de Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC).
Segundo, basado en lo anterior, la aprobación y desembolsos significativos de los préstamos del Banco Mundial, BID, BCIE, con el amparo del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Y tercero, el petróleo que llegó a rondar los 150 dólares por barril, fue beneficiado por la solidaridad de Chávez, cuestión que ya no es posible por la drástica caída de la producción en Venezuela.
Sin esos factores, no hubiese habido la facilidad económica que posibilitó la política de Diálogo y Consenso, y el crecimiento de la economía, a diferencia de los gobiernos anteriores, hubiese sido drásticamente inferior.
Ortega, además, se ha beneficiado de la pandemia, que durante más de un año ha tenido a los países ocupados en su enfrentamiento. Pero nada volverá a ser igual, después de la masacre. Con la excepcionalidad de la misma pandemia y los huracanes, que posibilitaron nuevos préstamos del BID y Banco Mundial, ningún préstamo ha sido aprobado en esas instituciones desde 2018, y tampoco es previsible se aprueben mientras se mantenga la represión que, sin la misma, estallarían las protestas. Y el BCIE, que esta semana amplió dos préstamos a Ortega, está llegando a sus límites en cuanto a la capacidad crediticia del gobierno, ya que los recursos se le encarecerían notablemente en los mercados internacionales en los cuales se fondea ese organismo subregional.
Menos aún cómo pintan las elecciones de noviembre, para las cuales se agota el tiempo, con Estado de Sitio, presos políticos y represión a Cristiana Chamorro y muchos otros periodistas. La política de Diálogo y Consenso, por más que se haya constitucionalizado en la reforma a la Constitución de 2014, después del fraude en las elecciones de 2011, pasará a ser letra muerta, como otros derechos y garantías fundamentales del pueblo nicaragüense, bajo la dictadura de Ortega.
El autor es abogado y economista. Fue candidato a la Presidencia de Nicaragua.