La presidenta de la Cámara de Turismo (Canatur), Lucy Valenti, ha dicho lo que clama la calle: “La solución es que la crisis se termine ya, que el presidente (Ortega) renuncie”. Todos los actores nacionales comparten la solución, lo digan o no, incluso mandos de la Policía y Ejército. Pero Valenti es la primera presidenta de una de las cámaras del sector privado en decirlo.
La irreversible transición que se inició es indignante en términos humanos, pero económicamente no hay todavía tanta destrucción de activos. Las pérdidas son enormes, como se ha publicado esta semana, pero aún la capacidad de recuperación de la economía es muy grande.
La reflexión anterior llama la atención sobre la urgencia que el gobierno familiar de Ortega termine, y entre más pronto mejor, porque no hay duda que la crisis es totalmente de su responsabilidad. En cuanto a la urgencia que Ortega renuncie, cabe preguntarse: ¿Con Ortega, se recuperará la economía? ¿Volverá la confianza de inversionistas? ¿Seguirán prestando los organismos financieros? ¿Volverán los empleos perdidos? ¿Tiene Ortega, después de las heridas que ha abierto en la sociedad, alguna capacidad de gobernar, más allá del terror? No, definitivamente no.
Mientras con Ortega en el poder Nicaragua será ingobernable, la transición que aguarda son de estabilidad y recuperación económica acelerada. En Nicaragua tenemos suficientes instituciones, gubernamentales y no, que aseguran una transición ordenada: el Banco Central, pese al orteguismo, conserva institucionalidad y profesionalismo; la burocracia del sector público continuará prestando servicios normalmente, y mejor aún con erradicación de la corrupción; el Ejército ha logrado evitar involucramiento directo en la represión, y la Policía Nacional, depurada de sus mandos represivos, seguirá prestando servicios de tránsito y seguridad ciudadana.
Y Nicaragua tiene los niveles suficientes de organización social, y con autoridad política, para asegurar disciplina durante la transición: la Alianza Cívica, que ha demostrado coherencia, e incluye sectores procedentes del sandinismo; la Conferencia Episcopal; los organismos gremiales del sector privado; las ONG y organizaciones sociales, y el propio sandinismo que apoya las protestas, no solo porque fueron excluidos en la privatización orteguista del FSLN, sino por la represión de gente desarmada. Si en 1979 en que se desplomó la Guardia Nacional y la burocracia, el país recuperó funcionamiento en medio de la revolución, con mayor razón ahora.
Hace algunas semanas, elecciones anticipadas como lo demandó el sector privado y el secretario general de la OEA, anticipaban una solución de la crisis. La respuesta represiva de Ortega ha estrechado las opciones, y como dijo la dirigente de Canatur, la única solución es la renuncia de Ortega, que está prevista en la Constitución, y que anticipa hacia ahí se moverán otros actores y la comunidad internacional, pues el pueblo ya lo hizo.
El autor fue candidato vicepresidencial.