Entre 2021 y los siguientes 3 años, todos los gobiernos de América Latina y Estados Unidos habrán cambiado. Mañana se realizará segunda vuelta en Ecuador, y en Perú, primera. En Chile cambiará el gobierno el 21 de noviembre y en Honduras, el último domingo de ese mes.
Pese a imperfecciones del sistema político y la pandemia, en todos se realizarán elecciones. En Nicaragua estarían previstas a realizarse el 7 de noviembre, pero estamos pendientes de las reformas electorales que el gobierno se comprometió a realizar, no solamente a través de Bayardo Arce, sino que las firmó en el Memorando de Entendimiento que suscribió con la OEA.
Al respecto, es importante recordar que era tal la complacencia nacional e internacional con la dictadura, que Ortega excluyó totalmente a la oposición en las elecciones de 2016 y, entonces, parecía no pasar nada. Pero la “procesión venía por dentro”, como se dice popularmente. Mientras la dictadura acumulaba agravios y ofensas contra todos los sectores, en algún momento estallarían esos resentimientos, como lo hicieron el 18 de abril, año y medio después.
En el libro, Nicaragua, el cambio azul y blanco, que ya está en librerías, se dice sobre esa complacencia previa al estallido: “…en una céntrica plazoleta de Managua, frente al Consejo Supremo Electoral (CSE), cada miércoles y con posterioridad a las elecciones de 2011, nos reuníamos algunas decenas —no centenares, mucho menos miles— de políticos, para protestar por las irregularidades y violencia del partido de gobierno durante los procesos electorales, y demandar reformas en la composición del CSE y la ley electoral, para que las elecciones fuesen verdaderamente democráticas. Poco a poco, esas misérrimas protestas desaparecieron ante la ausencia de respaldo popular”.
Como la memoria es corta, debe recordarse que en el Congreso del FSLN, realizado a principios de junio del año electoral de 2016, y donde se proclamó una vez más la candidatura de Ortega, y por primera vez de su esposa, él despotricó contra los observadores internacionales y los llamó sinvergüenzas. Tres días después, arrebató la personería jurídica del Partido Liberal Independiente (PLI) al dirigente Eduardo Montealegre, y la entregó a un colaboracionista. En esa ocasión, la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) emitió un comunicado diciendo que el “intento por crear condiciones para la implantación de un régimen de partido único en donde desaparezca la pluralidad ideológica y de partidos políticos es nocivo para el país”, pero Ortega continuó con su voluntad antidemocrática y casi simultáneamente pidió la destitución de Almagro, en la Secretaría General de la OEA. Y a finales de julio de ese año había despojado a los diputados opositores que habían sido elegidos en las irregulares elecciones de 2011.
Como se ha dicho que las resoluciones y sanciones internacionales no sirven para nada, es bueno recordar que en septiembre de ese mismo año 2016 se aprobó en primera instancia la Nica Act. Y que Ortega reaccionó firmando en octubre el Memorando de Entendimiento para realizar las reformas electorales en las elecciones de 2021, y en mayo de 2017 concedió la personería jurídica a Ciudadanos por la Libertad (CxL) y al Partido Restauración Democrática (PRD).
De este breve recordatorio podríamos extraer muchas conclusiones, pero algunas son obligadas en este artículo. Primero, Ortega está comprometido por escrito a realizar reformas electorales. Segundo, las declaraciones y sanciones internacionales sí importan. Tercero, si no hay elecciones creíblemente democráticas, aumentarán las sanciones y no podremos recuperar el crecimiento económico y el empleo, que es el pan de cada día de la totalidad del pueblo.
El autor es abogado y economista. Fue candidato a la Presidencia de Nicaragua.