Las propuestas de reformas electorales del gobierno de Nicaragua son como si todo volviese a la normalidad, después de las elecciones de noviembre de este año. Solamente así se explica la impunidad de las mismas, que contrarían absolutamente el mínimo que ha propuesto la OEA para que tengamos elecciones creíblemente democráticas.
En la base del mal cálculo político que hace el gobierno y sus instituciones, en especial el ejército, muy probablemente estén las autoridades económicas, encabezadas por el Banco Central. No es que la locura política de Ortega y su esposa fuese imposible, como le ocurrió a Somoza. Es que las autoridades económicas no le hacen ver el error, y por el contrario hacen cuentas alegres. Repetidamente Somoza insistía, cuando ya tenía el agua en el cuello, en completar su período presidencial hasta 1981, como lo hace Ortega desafiando a la OEA y la comunidad internacional. Y desde luego, al pueblo nicaragüense.
Si a Somoza le hubiesen dicho las autoridades económicas que no era posible mantenerse en el poder, sin enfrentar más sanciones —intervención armamentista para el FSLN, mayor aislamiento político internacional y consecuencias económicas negativas—, otro sería el destino de Nicaragua. Igual ocurre a Ortega, con su aislamiento político internacional y sanciones económicas que tienden a escalarse. La diferencia es la lucha armada. Pero ¿cuánta paciencia tendrán los países centroamericanos si escalan las consecuencias económicas negativas y el contagio de la crisis es inevitable?
Las autoridades económicas, el presidente del Banco Central y el ministro de Hacienda no le han dicho a Ortega que el alivio financiero recibido el año pasado fue por la pandemia y los huracanes, es decir, temporal, y las consecuencias negativas de un eventual escalamiento económico de las sanciones. Caso aparte es el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que pasó del 30 % de los desembolsos de organismos multilaterales en 2017, a casi el 70 % de los mismos en 2018, y subió aún más en 2019 y 2020.
La pregunta, sin embargo, es la siguiente: ¿puede el BCIE seguir financiando ilimitadamente a Nicaragua, como lo ha hecho hasta ahora? No se trata de la voluntad de los socios del Banco, que puede ser ilimitada, sino por razones financieras. En definitiva, ese Banco se financia en los mercados internacionales de capital, y los mismos no permitirán que se financie a Nicaragua ilimitadamente, y menos en el contexto de otros organismos financieros internacionales que ya tienen reticencias políticas, las cuales aumentarán significativamente si la crisis política no encuentra solución.
Y esa crisis no encontrará solución si no hay elecciones libres. El gobierno, por el contrario, continúa reforzando las causas del estallido de esa crisis. Anteriormente, había represión selectiva y ahora es generalizada, para evitar otro estallido. Y así podemos ver que otras causas continúan. Los estudiantes no consiguen becas, y en algunos casos matrículas, si no tienen el visto bueno de la Unión Nacional de Estudiantes (UNEN); los comerciantes, requieren enlaces políticos con el Frente Sandinista o acceso a las municipalidades, más del 90 % controladas por el FSLN, para conseguir tramos en los mercados; los empleados públicos, si desean mantener sus trabajos, independientemente de su honradez y eficiencia, requieren avales políticos; y los empresarios continúan requiriendo como favor político lo que en derecho les corresponde; en definitiva, el gobierno continúa más cerrado que antes de la crisis, como lo demuestran sus propuestas de reformas electorales que les garantizan que los resultados serán inevitablemente a su favor.
Hay, entonces, responsabilidad de las autoridades económicas en las decisiones políticas de Ortega, incluso las electorales. No solamente responsabilidad, sino incluso complicidad.
El autor es abogado y economista. Fue candidato a la Presidencia de Nicaragua.